NEUQUÉN (AN).- En caso que la iniciativa presentada por dos diputados de la Concertación en la Legislatura sea aprobada, se prohibirá la colocación de antenas para telefonía celular en los ejidos municipales de la provincia.
Tampoco se habilitarían estas instalaciones a menos de 500 metros de escuelas, viviendas o cualquier edificación pública o privada en las zonas rurales.
La intención del proyecto de los legisladores de la UCR Marcelo Inaudi y Eduardo Benítez es que las antenas que ya estén colocadas en zonas prohibidas sean retiradas en un plazo de seis meses.
Las razones para la prohibición son las que desde hace años se renuevan en las discusiones respecto del tema en los Concejos Deliberantes y Legislaturas del país: los riesgos a la salud de la población a partir de la emisión de radiaciones electromagnéticas de las torres de telefonía.
Según se asegura en el proyecto, "cefalea, insomnio, fatiga, náuseas, estrés y bajas en el sistema inmunológico" son algunas de las consecuencias de la exposición a la radiación.
"Muchas ciudades ya han retirado todas las antenas de telefonía celular de los cascos urbanos, mientras que otras han establecido fuertes res
tricciones a su instalación, como a colocarlas a una considerable distancia de escuelas, jardines y geriátricos", se detalla en los fundamentos del proyecto de ley.
También se hace referencia a una serie de estudios en los que se enumeran las consecuencias en el medio ambiente de este tipo de radiación y que, entre otros efectos nocivos, se la señala como una de las principales responsables de la extinción de aves en distintas partes del mundo.
Ahora, el debate
El proyecto recién ingresó a la instancia de discusión en la Cámara, ya que presentado el jueves, recién después de ingresar en la próxima sesión será debatido en la comisión de Medio Ambiente, que deberá emitir un despacho.
Si se aprueba, la ley servirá para generar el sustento normativo respecto de un debate que en los últimos años se reiteró en varias ciudades de la provincia, principalmente en la capital neuquina.
Mediante recursos judiciales, agrupaciones de vecinos lograron algunos avances en este sentido, pero no una legislación de fondo.
