La usurpación de las 120 viviendas en el último tramo de la campaña electoral desató un conflicto de intereses que desnudó la dolorosa ausencia de Estado -provincial y municipal- que aqueja a la ciudad.

A la perversidad del IPPV, que congeló la evaluación de los 2.284 aspirantes durante 13 meses y 17 días, se sumó la liviandad del municipio que concurrió a Viedma sin conocer la problemática, no supo formular las preguntas de rigor y volvió con información incompleta y errónea, alimentando la confusión.

La toma del complejo habitacional, que luce casi terminado desde enero, es en gran medida responsabilidad de la provincia, que no prestó atención a la toma anterior ni al robo violento sufrido por la constructora.

Desinterés y perversidad que se reflejó también en la definición política del IPPV a la hora de priorizar las inversiones, ya que fue el organismo el que administró el avance de obras y dispuso la demora de los trabajos.

La decisión respondió a la necesidad de distribuir recursos escasos entre las ciudades rionegrinas, pero olvidó sopesar la abrumadora falta de inversión de la provincia en Bariloche. Los más de diez años sin construir de viviendas sociales de demanda libre en una ciudad asfixiada por le déficit habitacional debieron orientar toda prioridad de inversión hacia la cordillera.

En la otra punta de la ausencia estatal se instaló el municipio, que supo hacer bandera del conflicto sin siquiera tomarse el trabajo de atender con seriedad la problemática que caía en sus manos (cual regalo, dado el tiempo electoral).

El director de Tierras y Viviendas, con más oportunismo que preocupación, anunció en tono triunfal que "hemos logrado transparentar la adjudicación" sin advertir que la número de inscriptos que manejaba -"2.450 preclasificados" dijo- agregaba 250 aspirantes a la ya reñida compulsa por las escasas 120 casas.

Y en medio de la angustia generada por la usurpación del complejo habitacional el gobierno municipal volvió a prometer la construcción de 1.555 viviendas en lo que resta del 2008 sin aclarar a sus ilusos interlocutores que la mayoría tiene destinatario y sólo 654 serán abiertas a demanda libre.

En este complicado escenario, donde la provincia permitió que el reducido complejo habitacional se convirtiera en botín de campaña, quedó resonando la denuncia de la abogada Silvia Frank, que intercedió ante los usurpadores.

"Lo que yo vi fue gente acercarse al alambrado con tarjetas de teléfonos y atados de cigarrillos diciendo 'dice Fourés que resistan'. Supongo que era un puntero político" denunció la letrada. Su sospecha sobre la presencia de punteros coincide perturbadoramente con los casos de presunta instigación al delito de usurpación que investiga el juez Ricardo Calcagno.

Y en el medio de confusión generada por la perversa desidia provincial y el liviano oportunismo municipal está la gente que sigue esperando una respuesta.

MARCELA BERDÚN

marberdun@hotmail.com