SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Instituto Provincial de la Vivienda se comprometió a completar la evaluación de los inscriptos en un mes y realizar el proceso de impugnaciones y la adjudicación final en esta ciudad, con toda la documentación reunida el año pasado

La versión fue confirmada a este diario por el director de Tierras del municipio, Jorge Paolinelli, que viajó a Viedma con los vecinos autoconvocados que se entrevistaron con el interventor del IPPV, Vicente Pilli.

El funcionario también rectificó la información recibida del organismo aclarando a este diario que el listado cuenta con 2.284 inscriptos y no los 2.450 "preclasificados" que anunció al término del encuentro con Pilli. Esa cifra había generado una fuerte inquietud entre algunos autoconvocados que temieron la incorporación irregular de unos 200 aspirantes. "El error fue mío" dijo Paolinelli.

El demorado listado no es otra cosa que el registro de los aspirante que reunieron los requisitos solicitados por el organismo y quedaron inscriptos en marzo de 2007.

La nómina carece de puntaje o depuración alguna porque en los más de 13 meses que transcurrieron desde el agotador proceso de inscripción el IPPV no completó la evaluación de los aspirantes.

Según el director de Tierras, los técnicos del organismo provincial concluirán el proceso de evaluación y preadjudicación en poco más de un mes y luego se trasladarán a Bariloche con todos los expedientes para agilizar el proceso de impugnación y completar la adjudicación.

En el plano judicial el juez Ricardo Calcagno continúo ayer con la ronda de indagatorias a los ocupantes del complejo, alentándolos a deponer su actitud y libró nuevas citaciones para el lunes.

También ordenó el suministro de agua potable a las viviendas ocupadas.

En una extensa carta dirigida al gobernador rionegrino, el intendente y los ciudadanos de Bariloche los ocupantes del plan habitacional sostuvieron que la toma fue una reacción espontánea ante el temor de perder las viviendas a manos de "el hijo de, el puntero cual y el funcionario tal".

Los más de 70 firmantes, que reconocieron públicamente su "falta", aseguraron que están inscriptos y anticiparon que no van a desocupar las viviendas pero se comprometieron a pagar las cuotas.

Los ocupantes pidieron que se "intervenga y se remueva la cúpula dirigencial del IPPV", que la intendencia de la ciudad rinda cuentas de las medidas adoptadas para resolver el déficit habitacional y que "se comience la construcción de viviendas". También instaron a la comunidad a votar con responsabilidad.