NEUQUÉN (AN)- El gobierno provincial decidió crear una comisión mixta con representantes de organismos de derechos humanos y del Poder Judicial para que sigan la situación de los detenidos que serán testigos en un juicio contra 28 policías acusados de torturas, que comenzará el lunes.

La inédita comisión tendrá cinco miembros, según se informó anoche en forma oficial: serán representantes de la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia; del Poder Judicial; de la Asociación Zainuco, de la Asamblea por los Derechos Humanos y de la Pastoral Carcelaria.

Gladys Rodríguez, presidenta de Zainuco, dijo antes de tener la confirmación oficial que "está bien que hayan formado esa comisión", y cuando se le preguntó si le parecía suficiente aclaró: "me parece suficiente si podemos ingresar diariamente a los pabellones, que es lo que pedimos al ministro de Seguridad. Queremos estar con los testigos durante todos los días del juicio y con posterioridad".

Zainuco es querellante en representación de los internos que fueron víctimas de una brutal represión en abril de 2004. El jueves le pidieron al ministro César Pérez que garantice la seguridad de los presos que fueron víctimas y deben declarar como testigos en contra de sus guardias.

Anoche el gobierno provincial informó que "la comisión funcionará desde el inicio del juicio hasta su finalización en dependencias de la Unidad 11. Con esta medida se garantiza la integridad psicofísica dentro de la Unidad de Detención y la de su declaración testimonial en el proceso, tal como fuera solicitado a la Jefatura de Policía y a la Unidad de Detención mediante resolución emanada de la Cámara Penal interviniente".

"Los integrantes de la comisión -añade- podrán mantener entrevistas dos veces por día con los testigos durante el transcurso del juicio".

El ministro Pérez expresó: "resulta un avance considerable la decisión adoptada, la cual fuera consensuada con los organismos de derechos humanos, ya que la misma posibilitará el cumplimiento efectivo de la protección y libre declaración de las personas que han sido citadas al proceso judicial".

Por su parte el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Riva, señaló que "esta medida representa un paso importante en los mecanismos que se están instrumentando como políticas en materia de derechos humanos a fin de garantizar los mismos y sobre todo haberlo podido consensuar con organizaciones no gubernamentales".