VIEDMA (AV).- La presunta sustracción de una caja de medicamentos oncológicos fue la punta del ovillo. El hecho se habría producido en la droguería central de Salud en esta capital. Un empleado habría advertido esta maniobra de parte de otra empleada. Allí comenzó una investigación que aún sigue tirando de la madeja.

La denuncia penal presentada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en agosto del 2007incluyó ese presunto hurto y la desaparición de otra caja de medicamento oncológico que habría sido despachada desde ese depósito central al hospital Zatti para ser entregada allí a un familiar de una paciente de Conesa.

Cuando van a retirarla al nosocomio -como se hacía habitualmente- se le informa a ese pariente que la medicación había desaparecido. Este hecho habría ocurrido unos meses antes al de la caja presuntamente hurtada y estaría vinculado a la entrega de un envío en el mismo hospital Zatti en el que se habría advertido que el paquete tenía menos medicación de la que correspondía. Este envío habría sido realizado por la misma empleada señalada en el presunto hurto. Según se habría investigado, la desaparición de la medicación para la paciente de Conesa la habría dejado sin tratamiento durante más de un mes.

La investigación continuó en la esfera de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que en abril pasado envió a la Justicia una ampliación de aquella denuncia penal, incluyendo otros hechos, entre ellos, presuntas irregularidades en el padrón de pacientes oncológicos en el que se habrían detectado más de 20 personas que figurarían como pacientes oncológicos pero que no tendrían el legajo correspondiente como el resto y como deben ser registrados. Otras de las anomalías incluidas en la ampliación de la denuncia estaría relacionada con una contratación directa en base a un pedido urgente de provisión de medicamentos oncológicos para dos pacientes de distintas localidades de la provincia. Al momento de ser presentadas las respectivas facturas para el cobro se habría detectado que no figuraría en los registros el ingreso de los medicamentos cuyo costo superaría los 30.000 pesos. Se habría planteado además que ante otra urgencia de medicación, en este caso de un afiliado del Ipross, Salud habría entregado en préstamo el oncológico que un familiar del paciente retiró del depósito central y lo llevó a un consultorio particular de un oncólogo viedmense. A los pocos días el mismo pariente regresó al privado para retirar la caja en la que había llevado el medicamento y devolverla al depósito tal como se había convenido. Ya en la droguería de Salud grande habría sido la sorpresa al comprobar que en el interior de esa especie de heladerita aún seguían las ampollas que el ministerio había cedido en préstamo con el agravante que ya no podría ser utilizada.