Por lo general, los funcionarios públicos que desean escapar a incómodas preguntas periodísticas contestan que el caso está "en manos de la Justicia". Quieren dar a entender así que no desean invadir territorios del Poder Judicial, y también que dentro de un tiempo prudencial habrá una respuesta justa.

En manos de la Justicia, representada en el caso por el juez de instrucción Marcelo Muñoz, está la causa en la que presuntamente se investiga un fraude contra el banco provincial atribuido a la empresa Temux por, hasta ahora, unos 23 millones de pesos.

Como el trámite llevaba más de tres años sin que hubiera noticias sobre el avance de la investigación de uno de los delitos económicos de mayor resonancia en la provincia, este diario quiso tenerlas. Y como Muñoz se negó a darlas, informó al respecto.

Disgustado, el juez -sobrino del ex vocal del Tribunal Superior de Justicia que salió de estampida del Poder Judicial neuquino para evitar el juicio político- dio explicaciones a la comunidad neuquina, en un "comunicado de prensa", respecto de los motivos por los cuales las actuaciones sumariales deben ser secretas. Y, de paso, detalló los ingentes esfuerzos realizados para dar con los culpables.

El comunicado quiere dar respuesta a "la información vertida de manera reiterada por un matutino regional" -que es éste- y aclara que se refiere "más precisamente (a) las críticas" respecto de su desempeño como magistrado "y "el (quiso decir al) rumbo y retardo dados a una determinada investigación".

En esa respuesta Muñoz pretende justificar por qué, en más de tres años contados desde que se abrió la causa, todavía no se ha producido una sola prueba, salvo las testimoniales posteriores al pedido de información, que poco y nada aportaron. De la más importante entre las medidas solicitadas, la pericia contable, Muñoz dice que se encuentra "en curso de realización", lo que constituye una manera jesuítica de decir que aún no se ha iniciado. Todo lo que hizo fue ordenarla y designar a los contadores Mirta de Cicco -ex esposa del ex gerente general del BPN José Oser- y Ricardo Arias para que la hagan.

Lo que hace el juez para llenar una carilla y media en texto apretado es detallar actividades procesales de rutina, como las de expedir cédulas de notificación y "el secuestro y apertura" de correos electrónicos (tal vez debió decir "secuestro, apertura y lectura" para transmitir con más precisión la magnitud de su tarea).

Explica también en texto destacado, y como para deslindar responsabilidades, que la causa estuvo en manos del fiscal Pablo Vignaroli, antes de llegar a su juzgado, durante un año y cinco meses.

Muñoz, del mismo modo que muchos funcionarios de ése y otros poderes del Estado, es un decidido partidario del secreto, sobre todo si quienes piden información son periodistas que, después de obtenerla, la publicarán. Para justificar su conducta cita el artículo 186 del Código Procesal del fuero, que dice que el sumario, público según la Constitución provincial, sólo lo será para las partes y sus defensores. Pero omite decir -se le pasó por alto- que el artículo exceptúa del secreto a quienes tengan un interés legítimo. Tampoco parece importarle que el secreto puede amparar inconductas de magistrados y funcionarios.

La pericia, de una gran complejidad, todavía no se ha iniciado porque uno de los expertos designados fue impugnado. Cuando pueda iniciarse, llevará muchos meses, porque no será fácil penetrar en la intrincada malla de operaciones realizadas para consumar la estafa. Y será más difícil aún llegar a determinar quiénes, del lado del Estado, son los responsables. No es aventurado suponer que, si los hay en el banco, también los hay por encima del banco.

No se sabe qué se propone hacer Muñoz mientras los peritos contables trabajan. Al parecer, nada, con lo cual el retardo será aún mayor y más dificultosa la investigación porque, como se sabe, el paso del tiempo borra las huellas. Con lo cual el retardo se convierte en denegación de justicia.

A propósito de retardo y denegación. El abogado Jorge Omar Brillo, asesor general de Gobierno de otro Jorge Omar que desde hace meses se mantiene en discreta reclusión, parece haber sido, en tándem con Oscar Gutiérrez, uno de los portadores de instrucciones del Poder Ejecutivo al Tribunal Superior (¿?) de Justicia. Esta misión se habría cumplido con ciertos cuidados (lo que suele llamarse "perfil bajo"), pero no los suficientes como para evitar que algunas personas, hoy incómodos testigos, se enteraran.

Brillo no fue siempre un hombre de perfil bajo. En los noventa su "perfil" llegó a alturas siderales cuando denunció que el empresario Héctor Gutiérrez lo había secuestrado años antes y obligado a firmar, entre otros compromisos, la entrega de su casa en pago de una deuda. Esa deuda había nacido cuando, según Gutiérrez, Brillo dio otro destino al dinero que le había sido entregado para distribuir entre acreedores de Gutiérrez y así evitar que le pidieran la quiebra.

El caso es que la casa siguió en poder de Brillo. Gutiérrez inició un juicio para pedir la escrituración, que ganó en primera y segunda instancias. Brillo lo llevó por un recurso de casación al TSJ, donde se encuentra desde hace cuatro años. La justicia tarde pero llega, dice un proverbio. Pero hay otro que dice todo lo contrario.

JORGE GADANO

tgadano@yahoo.com.ar