La directora de prensa del Tribunal Superior de Justicia, Débora González, informó a"Río Negro" que la titular de la fiscalía General y de Coordinación, Sandra Ruixo, resolvió admitir la denuncia publicada en este diario por el dirigente sindical petrolero Guillermo Pereyra y enviarla a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública -también llamada "anticorrupción-, donde ingresaría hoy. Esta fiscalía está vacante desde que fue ascendido quien era su titular, Pablo Vignaroli, y se encuentra a cargo de la doctora María Célica González.

Pereyra, en una solicitada que tituló "hoy cuestionan desde el llano lo que no supieron hacer en el poder", cuestionó con dureza a sectores del Movimiento Popular Neuquino que objetan la adhesión del gobernador Jorge Sapag a la política de concertación del kirchnerismo. Sin mencionar al ex gobernador Jorge Sobisch se refirió a su gestión en severos términos y afirmó que la campaña presidencial del ex gobernador fue financiada con fondos públicos. El presunto delito, de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 261 del código penal, fija una pena de dos a diez años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua "al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".

El sindicalista, consultado por "Río Negro", dijo que se presentará en la fiscalía para ratificar su denuncia cuando sea citado.