Considero necesario, en el proceso político-económico que atraviesa nuestro país, formular algunas consideraciones como aporte de opinión respecto del cuadro social y de acumulación del ingreso que transita la Argentina. Ello en tanto parecería que iniciamos una " nueva fase " del llamado proceso productivo, la cual no estará exenta de fuertes tensiones sociales.

Aclarado ya el rumbo político del actual gobierno -continuidad del anterior- y estando más que claro que no vamos hacia una república "chavista" o socialista, queda por ver cómo ha ido distribuyendo el modelo en curso el crecimiento experimentado por el país en los últimos cinco años.

La salida de la convertibilidad con base en un dólar alto, la ampliamente ociosa capacidad industrial-productiva del país, el desempleo galopante y su consecuente pauperización salarial encontraron un marco internacional de tasas de interés bajas y aumento exponencial de los precios de las materias primas para lograr la recuperación económica. A partir de abril del 2002, las autoridades económicas advirtieron las ventajas comparativas de esta situación y, en el marco de un default general de deuda, un proceso de sustitución de importaciones por productos nacionales, aprovechando la capacidad ociosa y los bajos salarios productos de desempleo, el crecimiento inició la senda ascendente. Ello unido a un aumento de la presión impositiva basado en la regresión de las cargas fundamentalmente sobre el consumo. El superávit fiscal es beneficioso como principio de toda administración estatal, pero es necesario advertir quién lo paga.

Para ello formulamos algunas precisiones sobre una de las fuentes del notable crecimiento del PBI -el Producto Bruto Interno, lo que producimos como país- y la distribución de los excedentes y ganancias, para comprender cuestiones referidas al modelo productivo. De otra forma nos obnubilamos al escuchar que crecemos a " tasas chinas", pero olvidamos de si ese crecimiento nos conducirá al desarrollo equilibrado, si los problemas estructurales perduran o, en el peor de los casos, si se mantienen y/o profundizan.

Sin estadísticas oficiales creíbles resulta difícil reflejar en números la realidad del modelo productivo, pero lo cierto es que hoy en la Argentina, de cada $100, el 30% más rico de la sociedad se apropia de $62,5. La canasta básica de pobreza, según el órgano oficial, alcanza aproximadamente los $ 1.000 -lo cual todos sabemos resulta miserable para una familia tipo-. El 30% de los puestos de trabajo registrados cobra sueldos de aproximadamente $800, siendo el ingreso promedio nacional $ 1.100. Así casi 6 millones de personas ganan menos que el salario mínimo. El empleo informal es superior al 40% de la mano de obra ocupada, nada más y nada menos que aproximadamente 4.800.000 trabajadores.

Más de 9 millones tienen una inserción precaria en el mercado laboral (informalidad, cuentapropismo de subsistencia) y la baja calidad de ingreso de los trabajadores en blanco se expresa en los aumentos salariales que se han venido produciendo incluido el año 2007, los que nunca han superado la inflación real. Así sólo el 12% de los trabajadores en blanco concentra el 32,5% de la masa salarial total y el 61,1%, el 30,6% de ella.

Si bien la cantidad de trabajadores en negro viene decayendo, aún se encuentra a niveles superiores a la convertibilidad y por encima del promedio de toda la década del '90. Se advierte una caída en la creación de puestos de trabajo, que viene disminuyendo sistemáticamente desde los 1.500.000 creados aproximadamente en el 2003 a los 300.000 del 2007.

La tasa de pobreza entonces resultaría estimable en más del 32,9%, lo que conlleva a una cifra superior a los 13.000.000 de personas y en lo que respecta a los indigentes, aproximadamente el 12,7%, lo que representa casi a 4.990.000 argentinos.

Aunque el porcentual de indigencia ha bajado levemente, el aumento de la pobreza se acentuó durante el 2007, tendencia que continuó en el primer trimestre del presente año, a pesar de las mentirosas cifras del INDEC.

Respecto de la participación del salario, entre el año 2001 -último de la convertibilidad- y el 2007, el valor agregado bruto del salario ha disminuido un 2%, lo que revela una pauta distributiva más regresiva aún que en la del modelo económico de los noventa.

El apoyo sindical en la CGT por el que ha optado el gobierno nacional, abandonando definitivamente el proyecto de la "transversalidad", no está ajeno a la negociación con los grupos económicos concentrados, ya que los dirigentes de esa central obrera aseguran pactos salariales inferiores a la inflación real.

El gasto público no parecería ser hoy el problema del modelo productivo, si se considera que su relación con el PBI es menor al año 2001; pero sí resultan agravantes los casi 20.000 millones de pesos en subsidios que este año afrontará el Estado, la mayoría de ellos dirigidos al capital concentrado, como la ley de promoción de la inversión en hidrocarburos que favorece a los sectores petroleros y gasíferos, que no realizaron las inversiones comprometidas para optimizar nuestra matriz energética.

Los subsidios al consumo de la energía, vía transferencia a los grupos vinculados, en realidad distribuyen erróneamente los beneficios que se pretenden: las clases acomodadas disfrutan de energía barata al mismo costo que pagan los pobres -salvo que muchos de ellos consumen gas en garrafa a precio liberado-, generándose una transferencia de ingresos de un sector a otro cuando en realidad ese gasto público en subsidios debería tener como destinatario a los sectores más humildes, completado con un plan integral de viviendas, salud y educación universal.

Es claro entonces que el salario ha sido el gran motor de la recuperación argentina a través de la transferencia de recursos tanto al sector público (por nivel salarial y pago de aportes y contribuciones ) como al sector privado (a través de bajos salarios), lo que ejemplifica la situación de inequitativa distribución del ingreso nacional.

El esquema se refleja claramente si se observa la distribución general de la renta por regiones. La mayor proporción de salarios bajos se encuentra en todo el Norte argentino, en tanto la Patagonia y la Región Pampeana tienen los mal altos. Concuerda con la distribución de los ingresos fiscales: sólo el 30% del total se distribuye a las provincias, reduciéndose su participación año a año.

La regresividad del sistema impositivo argentino castiga con el IVA a los productos de primera necesidad con un 21% -lo ha sido dicho recientemente por la presidenta de la Nación-, pagando dicha alícuota sobre los productos básicos de la canasta ricos y pobres sin discriminar, transformando el mismo en la primera fuente de ingresos para el Estado. En el impuesto a las Ganancias, las líneas diferenciales también se acortan, con topes porcentuales que no diferencian las superganancias de los grupos económicos concentrados con empresas de menor tamaño y escala.

Es necesario gravar la renta financiera por sobre la del consumo, ya que resulta injusto y absurdo que la compra-venta de activos financieros no tribute impuesto a las Ganancias y sí lo hagan los salarios medios.

Se configura así una brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que hoy es 28,7 veces cuando en 1998 era de 22,8 veces. Ha mejorado la distribución en los sectores medios de la población, pero se ha intensificado la pérdida de participación en los ingresos del 40% de los sectores más humildes.

La continua compra de dólares mediante emisión de pesos para sostener un dólar alto, asegurando caja fiscal y superutilidades al sector exportador, no deja de preocupar por sus efectos inflacionarios. La inflación agudiza el fenómeno ya que la pérdida de competitividad, que comienza a evidenciar el modelo, encuentra ya voces que exigen el aumento de la tasa cambio, lo que indefectiblemente llevará al incremento de precios y caída del salario real.

La composición económica del mercado nacional por otro lado, bajo el peso de ventas de las 200 primeras empresas, evidencia una participación en el PBI de aumento sostenido desde la salida de la convertibilidad. Entre ellas podemos citar a Repsol, Cargill, Petrobras, Bunge Arg., Siderar, Aceitera General Deheza, etc. Las firmas extranjeras de este grupo representaban el 52% en 1997 y hoy el 64%, siendo en total 128 sobre el grupo. En 1997 las ventas de ese grupo representaban el 31% del PBI corriente y en el 2005 superaban el 51%.

El modelo de desarrollo del país no puede depender de las decisiones de inversión exclusivamente de los oligopolios nacionales e internacionales y, menos aún, la formación de las canastas de precios internos. El Estado debe orientar -como en los países social y económicamente exitosos- el proyecto de desarrollo sostenible. La diversificación productiva no puede hacerse con semejante esquema que condiciona el rumbo de la economía argentina, ya que el excedente de la renta nacional debe distribuirse en miles de actores económicos vinculados con el nuevo modelo de acumulación.

Volviendo al título de esta nota, una cosa es crecimiento económico y otra, la distribución del ingreso y desarrollo. Las dos últimas vienen de la mano del futuro del país.

DARÍO TROPEANO (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado y profesor de la UNC

Fuentes: IERAL, Fundación Regiones, Instituto de Estudios y Formación CTA, INDEC