El recinto del Concejo Deliberante estuvo el jueves pasado a punto de convertirse en un campo de batalla.
Nada justifica la violencia, por eso es repudiable que durante algunas horas los ocupantes del barrio "30 de Marzo" hayan impedido salir del salón a los concejales que se negaron a tratar el proyecto de ordenanza que, suponían, podía darles alguna solución a su demanda de tierras. "Pero nosotros no fuimos con intenciones violentas. Por eso no llevamos palos, ni bombos, ni gomas para quemar. Fuimos a presenciar la sesión. Pero si dejábamos salir a la presidenta nos íbamos a quedar sin respuesta", se justifica, ya con más calma Mónica Meyreles, una de las impulsoras de la protesta.
Los ánimos se caldearon con la inactividad de los ediles ante el reclamo. Los largos silencios y la ausencia total del Ejecutivo llevó a los insultos y pintadas, imposibles de justificar en un ámbito democrático como el salón del CD. El ingreso de la Policía, tal vez medida apresurada que podría haberse evitado, encendió más el conflicto.
Por suerte, se recobró la tranquilidad y todo indica que podría haber soluciones a la demanda de los vecinos. A una semana del escándalo puede afirmarse que la protesta fue una forma de mostrar una realidad para muchos oculta en esta capital. A sólo cuatro mil metros del centro de la ciudad, que en los últimos años mejoró su estética, incorporó verde y destacó sus bellezas naturales y edilicias, habitan vecinos sumidos en la miseria en precarias condiciones.
El presupuesto municipal vigente no consigna la adquisición de tierras para loteos sociales, aunque se anuncia que se incorporarán nuevas hectáreas. En esta ciudad, la desigualdad se nota más que en otras y también indigna más. Porque aquí también reside el gobierno provincial, generalmente austero en los gastos destinados a mejorar la calidad de vida de los más carenciados y no tanto en los que tienen relación con su funcionamiento.
El Estado, en todos sus niveles, no puede mirar para otro lado ante las necesidades profundas de los ciudadanos. Está obligado constitucionalmente a tomar cartas en el asunto. Los derechos a la vivienda digna, las prerrogativas de los niños de vivir en un ambiente sano y la obligación de proveerles a todos los habitantes por igual de las mínimas condiciones de subsistencia y desarrollo personal forman parte de las normas básicas de la sociedad actual. Por eso, con el acompañamiento de las entidades intermedias que cuentan con experiencia en el tratamiento de estas problemáticas sociales y articulando acciones con los propios damnificados, el Estado debe trabajar sin pausa en la búsqueda de soluciones.
"Nosotros no queremos que nos regalen nada, si pagamos trescientos o cuatrocientos pesos de alquiler bien podemos afrontar el pago de un terreno", aseguran en las tierras ocupadas.
A diez minutos de viaje en auto desde el centro de la capital, están en estas horas residiendo entre varias maderas clavadas algunas decenas de viedmenses, en una profunda pobreza. "Otra vez van a venir con promesas en las elecciones. Otra vez nos van a golpear la puerta para pedirnos un voto. Ahora los necesitamos", gritaban el jueves en el recinto, los manifestantes del "30 de Marzo".
La problemática habitacional es tan grave que hará falta más sensibilidad por parte de los gobiernos municipal, provincial y nacional y mayor participación ciudadana a través de ong que aporten en la causa, si es que se pretende evitar que las normas se sigan violando y que el patrimonio público y privado siga viéndose apropiado irregularmente por quienes dentro de la ley no han tenido las respuestas que reclaman para salir de su acuciante situación.
PEDRO CARAM
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