SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Más de 30 ocupantes de las 120 viviendas que construye la empresa Alusa S.A. dejaron las casas por voluntad propia, mientras el IPPV anticipó que se respetará el puntaje de los preadjudicatarios y que sólo se realizará un sorteo entre los aspirantes con igual puntaje.
Los representantes de los vecinos, acompañados por el director de Tierras, Jorge Paolinelli, fueron recibidos por el director de Acción Social del IPPV, Gustavo Otero, quien les informó sobre la temática de la entrega, pero una confusión con una información del municipio obligó al organismo provincial aclarar la situación.
El IPPV aclaró que el sorteo sólo se realizará ante un "empate" en el puntaje de los preadjudicatarios. A través de la primera comunicación oficial respecto a la ocupación de las viviendas, desde el organismo provincial respondió al municipio y señaló que se mantendrá el sistema de otorgamiento de puntaje de los postulantes para obtener una unidad habitacional.
Ante la difusión periodística de información suministrada desde el municipio, el IPPV informó en un comunicado que "en la reunión con representantes del Ejecutivo municipal y de los postulantes del Plan 120 viviendas actualmente en ejecución en esa ciudad, la mención al sorteo ante escribano público se realizará sólo para la hipótesis de que los aspirantes alcancen el mismo puntaje; todo ello respetando rigurosamente los cupos que este Instituto de Viviendas tiene acordados por normativas provinciales y acuerdos especiales como en el caso de las 20 viviendas solicitadas por la comuna".
Tras la confusión, favorecida por el largo tiempo que transcurrió desde la inscripción y el hermetismo mantenido por el IPPV hasta el momento, los autoconvocados se verán obligados a controlar minuciosamente la legitimidad del listado con los talones de inscripción entregados a cada uno de los aspirantes que calificó para el plan.
Por otra parte, al margen del logro obtenido en Viedma, los beneficiarios reunidos en la sala de Prensa del municipio pidieron que se aplacen las elecciones hasta que se resuelva la adjudicación del controvertido plan.
También reclamaron que "a los 3.900 inscriptos que queden sin viviendas" les permitan acceder a nuevos planes sin incorporar otros aspirantes y que tanto la provincia como el municipio garanticen la construcción de viviendas sociales.
En el ámbito penal el juez Ricardo Calcagno continuó con la ronda de indagatorias a los ocupantes de las 120 viviendas, para determinar la posible comisión de los delitos de usurpación y al menos dos casos de posible instigación a la usurpación.
Durante la primera ronda de declaraciones 28 personas informaron al magistrado la decisión de retirarse de las casas, que fueron puestas a disposición de la empresa constructora Alusa S.A. A estos se sumaron luego otras ocho familias que todavía no habían rendido cuentas ante la Justicia.
Algunos ocupantes que permanecían en el complejo entendieron la intervención de la Justicia como una amenaza y reclamaron la reconexión de los servicios de luz y agua, cortados a pedido de la empresa a principio de la semana para evitar que se consolidara la ocupación.
