SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Poco después de las 9 de ayer, cuando acababa de retirarse el sereno de la empresa ALUSA, un numeroso grupo de familias, en apariencia organizadas, violentó el cerco perimetral del barrio 120 Viviendas y comenzó a ocupar las casas, a las que ingresaban luego de romper los vidrios.
Cabe recordar que las viviendas iban a ser entregadas dentro de poco tiempo, porque ya las estaban pintando y estaban a punto de habilitarle los servicios básicos, pero curiosamente todavía no estaban adjudicadas, situación que alimentó sospechas sobre una utilización electoral de la selección de aspirantes, y también alentó la oportunidad para los ocupantes, cosa que ocurrió abriendo así una situación sumamente críticas para aquellas familias que estaban en condiciones de ser seleccionadas para obtener una vivienda.
En relación con la usurpación, cuando la policía llegó al lugar los intrusos ya habían ocupado 29 casas, y el personal policial sólo se limitó a impedir otras ocupaciones, mientras quienes ya estaban en las casas o salían, se dedicaban a consolidar la toma con muebles, colchones y equipos para cocinar.
A partir de las 10 las autoridades sólo permitieron,
por razones humanitarias, el ingreso de alimentos y agua que otros vecinos o familiares les entregaban a través del cerco, pero no pudieron impedir que numerosos grupos familiares se abalanzaran más tarde sobre el cerco y tomaran posesión de otras viviendas.
A modo de avalancha, los presuntos curiosos derribaban el cerco para posibilitar que las mujeres y niños ingresaran en las casas desocupadas, a las que reconocían porque tenían los vidrios sanos, sin que los agentes policiales los pudieran disuadir sin utilizar la fuerza. Después, los familiares de los ocupantes comenzaron a arrojar frazadas y colchones sobre el alambrado, y a media tarde estaban casi todas las viviendas ocupadas.
El titular de la empresa ALUSA, Alberto Usandizaga, trataba de identificar a los ocupantes con el auxilio de un escribano público, pero se ignora qué diligencias realizó durante toda la jornada el juez de turno, Ricardo Calcagno.
Hace un año y medio, cuando se anunció la construcción de las viviendas, se presentaron más de 5 mil aspirantes, pero sólo quedaron 2.200 habilitados como candidatos con esperanzas.
Veinte de las 120 viviendas estaban destinadas a vecinos de la Barda del Ñireco, luego del acuerdo sellado entre el IPPV y la Municipalidad, y las 100 restantes debían entregarse luego de una obligada selección.
El pasado 30 de enero una mujer con dos niños y un bebé en brazos ocupó una de las viviendas, pero el juez la convenció de que abandonara la ocupación. Desde ese momento siempre estuvo latente la amenaza de nuevas tomas, pero el listado de beneficiarios nunca se difundió, y la fecha de conclusión de las obras sufrió repetidos aplazamientos.
Durante la mañana sólo se advirtió en la toma la presencia en el lugar de las secretarias del concejal Darío Rodríguez Duch, quien arribó a las 13, presuntamente para asesorar a los ocupantes, como antes lo hacían sus colaboradoras.
