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	Cristina y un diagnóstico remanido ante cada problema: "Quieren torcerles el brazo a gobiernos populares".

La presidenta Cristina Fernández cumplió ayer cinco meses de gestión, en un escenario crítico: un nuevo round de la pelea con el campo que retomó la protesta, la polémica por la espiral inflacionaria, y el retroceso en su imagen popular registrada en varias encuestas, saldo del desgaste político y el malhumor social.

Por primera vez la mandataria admitió la existencia de suba de precios, pero culpó al paro y a la excesiva rentabilidad que ambicionan los empresarios, mientras la oposición la atribuyó a la falta de medidas eficientes y al descontrol del gasto público. En un duro discurso, la jefa de Estado diagnosticó que "hay una apropiación de la utilidad por parte de los sectores formadores de precios en toda su cadena", o sea productores, industriales, y comercializadores.

Sin embargo, la inflación se percibía en los bolsillos, mucho antes del lock out rural, y hubo incapacidad para frenar su avance en el último año, donde solo se recurrió a infructuosos acuerdos de controles de precios firmados con esos mismos sectores que casi nunca se plasmaron en la realidad.

En este contexto, resurgió fuerte el debate sobre la conveniencia de aplicar recetas para enfriar la economía, un plan que el gobierno no está dispuesto a llevar adelante, y que le costó el puesto al ex ministro de Economía, Martín Lousteau.

El viernes el INDEC anunció que la inflación de abril fue de 0,8%, muy lejos del termómetro de la gente, y de los sondeos de las consultoras privadas que estimaron un alza de precios de entre 1,5 y 2,6%; ha aumentando cada vez más la desconfianza en las cifras oficiales.

Se buscó reparar ese descrédito y obtener el aval al nuevo mecanismo para medir la inflación, en un seminario internacional sobre precios organizado por el INDEC con la presencia de expertos estadísticos de varios países. En ese auditorio, fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández -con notables signos de cansancio-, el que defendió los cambios introducidos para corregir distorsiones, y reflejar "más adecuadamente el consumo de los argentinos".

El descreimiento en los datos inflacionarios y la prolongación del conflicto agrario fue un cóctel explosivo para la economía: los bonos argentinos se desplomaron, treparon el riesgo país y el dólar, reinstalando el clima de incertidumbre e inestabilidad. En esas circunstancias adversas, aterrizó en Venezuela el ministro de Economía, Carlos Fernández, para negociar la colocación de un nuevo bono ante la imposibilidad de acceder a finan

ciamiento en mercados internacionales y garantizar los recursos para cubrir los vencimientos de deuda del año.

La embestida oficial por la inflación también involucró a la prensa, donde la mandataria ve a un constante conspirador. "Quieren torcerle el brazo a los gobiernos populares; hacernos creer que todo está mal", disparó Fernández de Kirchner y denunció la existencia de "intereses económicos".

La presidenta reclamó el derecho de acceso a la información, aunque hasta ahora no predicó con el ejemplo, ya que nunca ofreció una conferencia de prensa, una herramienta básica justamente de ese derecho.

La pulseada con el campo cumple hoy dos meses en los que prevaleció la intransigencia y la confrontación, durante el paro; y las reuniones secretas con idas y vueltas confusas, en el lapso de tregua, que frustraron nuevamente la oportunidad de encontrar una solución. Los ruralistas dijeron que el jefe de Gabinete había aceptado errores en el sistema de las cuestionadas retenciones, y se retocaría el esquema; apenas unas horas después fue desmentido por el funcionario, y marcó la ruptura. Se desperdició la tregua, y se eligió el camino del choque, pero si el campo es realmente el culpable de la inflación, entonces, en lugar de profundizar el enfrentamiento, habría que buscar la solución para prevenir daños mayores.

(DyN, Mirta Fernández)