Los principales referentes del grupo Familiares del Dolor están molestos por las demoras en las investigaciones internas sobre el accionar de funcionarios judiciales. Por eso reclamaron al Consejo de la Magistratura que informe en qué estado se encuentran los sumarios iniciados contra el juez Pablo Iribarren y el ex fiscal -actualmente camarista- Alvaro Meynet.

"Esta solicitud se fundamenta en nuestra profunda y permanente preocupación por la ausencia de sanciones a magistrados y funcionarios que fueron oportunamente denunciados y que, hasta la fecha y en la mayoría de los casos, no ha existido resolución alguna a pesar de las gravísimas irregularidades que se les imputan", expresaron Ulises González y Carlos Pablo en una carta enviada a los miembros del Consejo de la Magistratura.

La referencia a Iribarren y Meynet está basada en el interés especial por su desempeño tras el triple crimen de Cipolletti.

Los Familiares del Dolor recordaron que de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Legislatura, en el desarrollo de esa causa se habrían cometido numerosas irregularidades. En este sentido, describieron que "la actividad probatoria fue profusa pero inoficiosa, inútil e incompleta; no hubo método ni direccionalidad investigativa; la pesquisa fue vacilante, errática, desapasionada, formal e incompleta y se tardó cinco meses en citar al entorno de las víctimas para obtener un perfil de ellas y poder establecer nexos y posibles enemigos".

Además detallaron que "hubo una falta de profundización ordenada de la investigación por parte del juez lo que hubiera permitido obtener mayor información de interés; se dejaron pistas y líneas investigativas sin verificar; no hubo un hilo conductor en la investigación; hubo abuso de medidas probatorias poco conducentes para el avance de la investigación (intervenciones de líneas telefónicas); ni el juez ni el fiscal contaban con una guía telefónica ni con un padrón electoral para averiguar domicilios y existió una tremenda incoordinación entre las comisiones de la policía provincial, federal y el juez y de todos entre sí".

La carta a los consejeros fue remitida el 29 de abril, pidiéndoles que respondan en un plazo no superior a 15 días. "En el entendimiento que sabrán comprender nuestra preocupación, aguardamos una respuesta dentro del plazo indicado, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales", finaliza la misiva.