El gobierno se siente un tanto aliviado: selló esta semana un tratado de paz con el gremio docente -acaso el más influyente en el panorama social de la provincia- y logró que la presidenta Cristina Fernández estampara su firma en el convenio que le permite refinanciar 150 millones de pesos de la pesada deuda pública. Mejor aún: Sapag sostuvo un encuentro con intendentes y diputados de la oposición en un inédito clima de distensión. Con el panorama social y político en relativa calma, el gobernador puede encarar ahora el desafío de aumentar los ingresos, un reto que juega contrarreloj, porque si en el segundo semestre del año no logra equilibrar las finanzas se encontrará en una situación muy delicada.
Sapag parece haber ganado la pulseada sobre el diagnóstico de las cuentas públicas con sus antiguos compinches y actuales adversarios del sobischismo. En las filas oficiales se jactan de que el dramático cuadro de situación, trazado por el gobernador por cadena provincial el 15 de abril, se ha visto convalidado por la "auditoría" que el gobierno nacional practicó a las cuentas públicas antes de otorgarle el financiamiento.
Aunque sea un tanto exagerado, la oposición le debe haber encontrado alguna razón al oficialismo, de otra forma no le habría aprobado la emisión de 150 millones de pesos en bonos para pagar a proveedores, ni tampoco se habría mostrado tan razonable en el encuentro que sostuvieron el miércoles. Una actitud, en definitiva, que contrastó con la de los propios intendentes del oficialismo, que un día antes llenaron de reproches y reclamos económicos los oídos del gobernador.
En todo caso, la desafiante irrupción del ex ministro de Sobisch, Claudio Silvestrini, con su versión-cuento de hadas sobre el estado de los números, no surtió el efecto esperado. Nadie se hizo eco de la bravuconada sobischista, sencillamente porque nadie ignora los desmanejos que se cometieron en la gestión anterior. Inclusive el propio Sobisch, quien al parecer estaba dispuesto a hacer una conferencia de prensa el martes pasado para confrontar con su sucesor, abandonó la idea cuando sus amigos le advirtieron que, con un 65% de imagen negativa como atesora actualmente, carece de la mínima credibilidad necesaria para rivalizar con el gobierno.
Sólo la CTA esbozó la teoría de que hay más dinero en las arcas del que admite el actual gobierno. Pero, a puertas cerradas, este último sostuvo que "hablan de los más de 400 millones de pesos de los bonos emitidos por Sobisch, que están asignados a las obras licitadas y no pueden ser aplicados a otro destino sin incurrir en malversación de fondos públicos".
Lo cierto es que la mayoría de los observadores tendió a interpretar que la CTA hacía una lectura interesada, en el marco de la puja por el aumento de los salarios del sector.
Por lo demás, la resolución del conflicto con ATEN se presentó como el caso testigo para las demandas de los demás gremios estatales. Así parece haberlo entendido ATE, que rápidamente levantó el paro que había convocado para el miércoles y se dispuso a negociar con el gobierno -la mesa de diálogo funcionará a partir del lunes- un acuerdo salarial de similares características a la pauta del 19% alcanzada por los docentes.
Desde luego, el costo de la mentada "paz social" no ha sido menor. El acuerdo con los docentes se llevó 110 millones de pesos y si bien un arreglo similar con los estatales insumirá una cifra un tanto menor, la masa salarial terminará trepando varios centenares de millones de pesos por encima de las regalías, la principal fuente de ingresos de Neuquén.
En el gobierno admiten que esperaban darle plazos más largos al acuerdo con los gremios, de manera de poder avanzar primero en la renegociación de los contratos petroleros, la vía más firme que visualizan para incrementar los ingresos públicos. Si el acuerdo vino antes fue porque el Ejecutivo, fundamentalmente el propio Sapag, comprendió que debía tomar una decisión de porte político antes que económico para evitar un conflicto que habría terminado por teñir el panorama social y político de la provincia.
Pero, medianamente resuelto el tema social, el gobierno se encuentra frente al desafío de conseguir recursos que permitan equilibrar el presupuesto. Para eso confía en concretar una serie de medidas de corto aliento que permitan llegar en mejores condiciones al segundo semestre del año, reservado para el plato fuerte de las petroleras.
Entre las primeras está la modificación del precio domiciliario del gas, sobre la base de tarifas diferenciadas por bandas de consumo, que Sapag está negociando con Nación juntamente con un aumento en el precio del valor boca de pozo del petróleo. Inclusive, se piensa en mejorar la coparticipación vía el reconocimiento del crecimiento vegetativo.
En el gobierno provincial están persuadidos de que ha llegado el momento de que el kirchnerismo -escaldado por el traumático conflicto con el agro- comprenda que también debe transferir mayores recursos a las provincias.
Pero más allá de los paliativos, confía en lograr el vuelco en materia de ingresos a través de la renegociación con las petroleras. Precisamente, esta semana se conocerá el decreto que crea un registro de empresas interesadas en la prórroga por 10 años de las concesiones que hoy explotan.
Las autoridades estiman que las primeras rondas de negociación se verificarán entre este mes y el próximo. Aunque mientras tanto el gobernador y el secretario de Recursos Naturales, Guillermo Coco, han venido manteniendo contactos informales con las compañías que operan en la provincia.
En lo que respecta al reemplazo de los vocales que renunciaron al TSJ para evitar el juicio político, Sapag cuenta aún con un plazo de 50 días, pero en su entorno aseguran que la decisión no pasará de finales de este mes. En todo caso, el gobernador no esperará a la resolución del juicio a Eduardo Badano, el único de los tres miembros cuestionados que resiste en pie.
Además de los candidatos considerados 'políticos' por ser personas de trayectoria pública, en el oficialismo repasan las listas de funcionarios judiciales con la esperanza de encontrar figuras potables. Como la nueva Constitución ya no habla de ternas y el gobernador se autolimitó en sus atribuciones, antes de enviar el pliego a la Cámara el Ejecutivo someterá a la opinión pública sólo dos candidatos y en el oficialismo una cosa se da por segura: uno de ellos será una mujer.
HECTOR MAURIÑO
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