La imagen de un gobierno no se resuelve en un afiche publicitario.

Se construye día a día, con gestos, acciones y conductas.

El gobierno de Miguel Saiz da señales, pero en sentido contrario de los ideales que dice defender.

Señales digo, porque en general son más los silencios que las palabras, y los indicios que las acciones.

Así, el "no hacer" cobra sentido por vía de la lectura necesaria que formula el ciudadano, colocado en calidad de receptor.

En el gobierno, cada omisión representa no sólo no avanzar, sino retroceder. Porque los problemas y conflictos no se detienen a la espera del humor del decisor.

En política, la omisión no es neutral.

Fiel a su estilo, Saiz ha elegido el silencio -o, en algunos casos, la acción silenciosa- como gestos que contribuyen a que su gestión se aleje de la imagen de transparencia y pluralidad a la que aludió en su discurso de reasunción.

Adquiere singular gravedad uno de esos casos: después de más de un año en que un juez penal de Viedma citara a indagatoria al fiscal de Estado, Alberto Carosio, el funcionario ha sido ratificado y redesignado, y archivado de un plumazo por el oficialismo y sus aliados parlamentarios el pedido de desafuero.

El tema fue esta semana reactivado por legisladores del Partido Justicialista, de Encuentro-Frente Grande y de Sur, que generaron un hecho político interesante: les recordaron al gobernador y al propio fiscal Carosio las obligaciones que en tal sentido les impone la Constitución provincial.

Carosio está siendo investigado en relación con presuntos delitos en perjuicio del erario público provincial en la misma causa que involucra a una funcionaria de su estrecha confianza, al asesor legal de la Policía, al ex jefe de Policía y a un abogado de Viedma.

Si Saiz quería realmente ayudar a la Justicia, ése era el momento de demostrarlo.

El texto de las normas no suele ser la guía de las acciones políticas. Ejemplo de ello es el archivo del pedido de desafuero, que fue apurado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. La Constitución, en cambio, prevé en su artículo 129 que, ante el pedido de desafuero remitido por un juez, el sumario debe ser examinado en sesión pública. Recién cumplido ese trámite la Legislatura puede votar por dos opciones: suspender al funcionario -a fin de permitir su juzgamiento- o negarse a ello.

Podría invocarse que el resultado hubiera sido el mismo. Que la mayoría hubiera levantado la mano y listo.

Pero sucede que respetar la Constitución no es una opción sino una obligación que los legisladores y el gober

nador han jurado cumplir.

Pero hay algo más que el "atajo" en el procedimiento.

Los legisladores de la oposición citaron el artículo 56 de la Constitución, que obliga a todo agente público a quien se le impute un delito en el ejercicio de sus funciones a acusar para vindicarse. Debe hacerlo en un plazo no mayor a los seis meses desde que conozca la imputación, bajo pena de destitución.

Ésta es una norma operativa. Tan clara que no requiere de reglamentación, y la ausencia de ella no puede desvirtuar su contenido.

Por si alguna duda cabe, el artículo 5 de las Normas de Interpretación de la Constitución rionegrina precisa: "La expresión 'agentes públicos' se refiere a los empleados y funcionarios electivos o no de todos los poderes del Estado, los municipios, comunas y demás órganos descentralizados.

Carosio fue acusado por un juez y no sólo no acusó para vindicarse, sino que tampoco ejerció su derecho de defensa acudiendo a prestar declaración indagatoria. Y Saiz lo premió con la reelección.

La señal excede el caso en análisis. Por extensión, habla de que a los legisladores no les ha importado dejar las manos libres a la Justicia. Y que al gobernador lo deja indiferente la sospecha que pueda pesar sobre el funcionario que tiene a su cargo controlar la legalidad de las acciones del Poder Ejecutivo y proteger el patrimonio del Estado.

Resultan también preocupantes las señales que, por omisión, el poder político ha dado hacia adentro de la Policía provincial.

" Independientemente del fallo que los jueces dicten en la causa que investiga el homicidio de la bioquímica cipoleña Ana Zerdán, de lo que no se puede dudar es de que resulta éticamente reprochable que el jefe de la Policía, Víctor Cufré, haya hecho gala de su estrecha amistad con los dos acusados, en medio de un juicio en el que debían declarar varios miembros de la fuerza. Saiz calló y su ministro de Gobierno defendió al jefe "a libro cerrado", aun por actos anteriores a su gestión.

" A la jueza de Choele Choel, Marisa Bosco, se le colmó su paciencia en estos días. Fue ante una serie de conductas irrespetuosas o francamente ilegales del comisario de esa ciudad, David Nievas. Si en teoría la Policía es un auxiliar de la Justicia, resulta indudable que la confianza entre ambos fue quebrada -al menos en relación con algunos temas- cuando se conoció la amistosa vinculación entre uniformados y proxenetas. Por eso, no pudo asombrar a nadie que, recientemente, la jueza Bosco haya pedido auxilio a la Policía Federal cuando un expediente la llevó a allanar un cabaret de Choele Choel.

Entre todos los factores de poder de una localidad pequeña, la policía es, con razón, la más temible. Sus miembros están armados y cuentan con elementos para realizar tareas de espionaje o de coerción.

Permitir que esos recursos -que el Estado pone en sus manos y que paga toda la ciudadanía- sean utilizados para perseguir a una jueza es una actitud temeraria. Y no haber tomado ninguna resolución ejemplificadora hasta varios días después, una inacción incomprensible.

Es poco probable que la magistrada de Choele Choel se deje atemorizar por una bravuconada, a pesar de que la investidura policial y la jerarquía del comisario Nievas tienen entidad suficiente como para producir ese efecto. Lo peor, en cuanto a señales se refiere, es la que recibe la comunidad y que sin duda influirá en quienes deban hacer denuncias, declarar como testigos, aportar pruebas o asistir como peritos o partes en causas judiciales.

La autoridad de la Justicia, que no deviene de las armas sino del respeto que los gobernantes y funcionarios le muestren, queda debilitada en todos estos casos.

Tal vez guíe a Saiz, en la protección al fiscal Carosio o a los efectivos policiales, cierto sentido de lealtad a quienes son sus colaboradores.

Pero sin duda que sus acciones, tanto como sus omisiones, adquieren relevancia social.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.om.ar