SANTA CRUZ .- Cientos de partidarios de los estatutos autonómicos de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia salieron a festejar ayer el triunfo del "Sí", rezando, cantando y advirtiendo al gobierno de Evo Morales que consideró ilegal la consulta.

Decenas de autos adornados con los emblemas de Santa Cruz avanzaron a la plaza 24 de septiembre, sede del gobierno departamental, vestido con las banderas de Bolivia y el departamento, la zona más rica del país, con un ingreso per cápita de 2.500 dólares.

Hasta allí también llegó el ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), opositor a Morales. "Vamos a hacer historia, no podemos fallar", cantaron los presentes, al ritmo de parlantes empotrados en camiones, poblados de jóvenes que levantaban la bandera departamental.

Otros cruceños ingresaron con sus familias a rezar a la Basílica de San Lorenzo, mientras en las calles los jóvenes estallaban fuegos artificiales y petardos.

Según la Corte Departamental Electoral, un 97 por ciento de las mesas fueron constituidas, pese a advertencias de boicot en los municipios de Yapacaní, San Julián, Villa Paraíso y Cuatro Cañadas, además de los centros de Montero y Plan 3.000, bastiones leales a Morales.

Las primeras informaciones hablaron de un 80 a 90 por ciento de participación, del total de 935.000 electores acreditados.

A la espera del discurso

Los vecinos dijeron que esperaban anoche el discurso del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas -cabeza visible de la oposición de derecha en esta región-, sobre el proceso plebiscitario que culminó con incidentes aislados en bolsones electorales citadinos y rurales afectos al presidente Evo Morales.

Los incidentes dejaron al menos 28 heridos, según informes del ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, mientras el vocero del presidencial palacio Quemado, Iván Canelas, minimizó el triunfo del Sí, alegando que hubo una gran abstención, pese a los datos que marcaban lo contrario.

La Corte Electoral Departamental anunció que en las próximas horas comenzará a informar los primeros datos oficiales de la consulta, que para el gobierno es una abierta intención secesionista.