La jueza federal María Romilda Servini de Cubría inició más de 300 causas penales contra autoridades de mesa que en las últimas elecciones no cumplieron con su obligación electoral en la Ciudad de Buenos Aires, y prepara otras mil citaciones por idéntico motivo.

La Justicia podría aplicar en estos casos penas que van desde los seis meses a los dos años de prisión de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, y que podría convertirse en un antecedente para contrarrestar el ascendente ausentismo en la Ciudad. Los citados serán indagados por las causas de su inasistencia, informó ayer el diario La Nación. Servini de Cubría estudia aplicar a quienes no puedan justificar su ausencia penas que hasta el momento jamás se aplicaron y casi no tiene antecedentes en el país.

"Hay que cumplir con lo que manda el Código Electoral. Estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado", sostuvo el fiscal electoral Felipe Di Lello, impulsor de las investigaciones, al matutino porteño.

La idea que tiene la Justicia Electoral es aplicar medidas ejemplares para desalentar el ausentismo en el control de la fiscalización de las elecciones pero se estima que su aplicación no será de cumplimiento efectivo salvo en los casos de reincidencia. "Nosotros no hacemos las normas, pero tenemos que cumplirlas. Posiblemente, si la gente ve que si no concurre, la sancionan, los va a tener en cuenta la próxima vez", afirmó el juez Dalla Vía. (Télam)