NEUQUÉN (AN).- El acceso a la información nunca pudo hacerse efectivo en Neuquén. Desde el primer intento por establecer una normativa pasaron más de 20 años, pero el camino que recorrieron los proyectos siempre fue el mismo: el archivo. Soledad Martínez, diputada de Alternativa Neuquina, presentará mañana una nueva iniciativa para legislar respecto del artículo 25 de la Constitución provincial -referido a la libertad de pensamiento- y definir las responsabilidades que le caben a los funcionarios que se nieguen ante un pedido.

Según explicó la diputada Martínez, el proyecto apunta a lograr una "masividad" en la publicidad de los actos de gobierno, que no se logra con la mera publicación en el Boletín Oficial. "Hay una historia de solicitud de informes a funcionarios, aún de parte de diputados, que no han sido respondidos", indicó Martínez. "Sin necesidad de explicitar las razones, la ley permitiría solicitar a cualquier estamento del Estado provincial, de las entidades autárquicas o entes descentralizados, la información relacionada con los actos públicos, principalmente los orientados a contrataciones o compra de bienes y servicios", agregó.

Las solicitudes deberían ser respondidas en una plazo de 10 días, cuando con la normativa actual, no específica para casos de acceso a la in

formación, hay que esperar hasta dos meses.

"Modificamos los plazos de respuesta, que son los de la ley de amparo. Es más breve, de diez días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud", dijo.

El primer proyecto de una ley de acceso a la información fue presentado a fines de los 80 por el entonces diputado del radicalismo Ricardo Villar. La iniciativa no prosperó y tuvo el mismo destino inconcluso de las proyectos que la sucedieron. El último fue impulsado el año pasado por el ex diputado de Recrear Eduardo Mestre, pero nunca fue discutido en las comisiones de la Legislatura.

El año pasado, la Justicia provincial falló contra la gestión de Jorge Sobisch, ante un amparo presentado por el Sindicato de Prensa de Neuquén y un grupo de organizaciones para obtener información respecto de los gastos en publicidad oficial de parte del Estado. La medida judicial del ámbito provincial coincidió en el tiempo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de "Río Negro" y en contra del gobierno de Sobisch, por entender que la gestión del entonces titular del Poder Ejecutivo había utilizado la publicidad oficial como un sistema de premios y castigos a los medios de comunicación.

En el proyecto de ley presentado por Martínez se define expresamente qué es lo que se entiende por derecho a la información, que no sólo se aplica a los medios y que debe ser ejercido por todas las personas, físicas o jurídicas. Las bases son las que estipula la Constitución provincial, que garantiza la libertad de expresar pensamientos u opiniones por cualquier medio, sin censura, y que establece que "no será trabado el libre acceso a las fuentes de información".