SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El clima preelectoral sumó temperatura durante las últimas horas en Bariloche, porque el Ejecutivo municipal volvió a apelar a la transferencia entre partidas para cubrir excesos en el gasto y eso multiplicó el rechazo entre los concejales, quienes pidieron aclaraciones y no descartan promover una interpelación a los funcionarios responsables.

Una resolución fechada el pasado 16 de abril dispone engrosar la partida de alquileres a disposición de la Secretaría Privada con 74.900 pesos y restarlos de las partidas "estudios, investigaciones y asistencia técnica" para Obras y Servicios Públicos (23.000 pesos), "estudios, investigaciones y asistencia técnica" para el área de Hacienda (31.900 pesos) y "gastos varios sin clasificar" de la asesoría letrada (20.000 pesos).

El intendente interino Darío Barriga ya había recurrido a esa herramienta a fin de dotarse de más dinero para subsidios, recortando el fondo que el presupuesto previó para el traslado del vertedero.

Pero la concejal Laura Alves (UCR) dijo que esta vez la situación es distinta porque las transferencias para alquileres "violan la Carta Orgánica y la ordenanza de proceso presupuestario".

Explicó que en los tres casos las partidas que ceden fondos lo hacen en un porcentaje mayor del 15 por ciento de sus asignaciones originales y superan de ese modo el límite permitido. Cuestionó también que la resolución firmada por Barriga y sus secretarios Adolfo Fourés y Alfredo Chara no explica por qué a esta altura del año el presupuesto de alquileres quedó agotado y necesita una inyección de recursos.

"Es imposible saberlo porque el intendente no difunde las ejecuciones presupuestarias", agregó la concejal.

Alves consideró "patético" que el Ejecutivo municipal "haya reclamado la rápida aprobación de un presupuesto que a los cuatro meses hace agua por todos lados". Y asumió que los cuestionamientos serán tomados por el oficialismo como una jugada electoral, pero advirtió que "es imposible dejar pasar estas cosas".

A su juicio, las irregularidades y la negativa a brindar información "ameritan la intervención del Tribunal de Contralor". Hacia ese cuerpo fue dirigida también la nota librada ayer por la comisión de Economía que contiene la queja por las últimas transferencias.

Con un propósito similar, la presidenta del Concejo, Silvana Camelli, le pidió hace pocos días al intendente Barriga que les permita a los ediles acceder sin demora a las ejecuciones presupuestarias a través del sistema informático interno "PGM".

La nota fue enviada al Ejecutivo a solicitud de los bloques del radicalismo y el PPR. Hasta ayer no había tenido respuesta.

Camelli admitió que la dilación para publicar los informes contables de ingresos y egresos "sin duda tienen alguna relación con las elecciones del próximo 18 de mayo".

La comunicación dirigida a Barriga también le solicita el envío regular de las "disposiciones" dictadas por cada uno de los secretario del Ejecutivo.

El sistema PGM les permite a los concejales y funcionarios políticos acceder mediante una clave al contenido de las resoluciones que firma el intendente. Los ediles pretenden conocer por la misma vía los estados de ejecución presupuestaria, que llevan ya más de dos meses de atraso.