SIERRA GRANDE (ASG).- La legisladora Magdalena Odarda (ARI) sigue buscando que se investigue a fondo la construcción de una imponente pista de aterrizaje construida en una Área Protegida, cerca de Puerto Lobos, en el Este rionegrino.
Esta vez la legisladora rionegrina y el diputado nacional de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, se reunieron con Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación.
Los legisladores hicieron hincapié en la autorización de la obra en base a un estudio de impacto ambiental aprobado por el Codema en pleno receso administrativo provincial y sin llamado a audiencia pública para conocer la opinión de la comunidad.
Odarda opinó que se trata de un área sensible, con fauna y flora autóctona (lobos marinos, aves migratorias, ballenas) y se preguntó cómo repercutirá el funcionamiento de una pista para aviones de gran porte sobre el ecosistema.
También pusieron en conocimiento al defensor sobre la autorización de la Fuerza Aérea para construir una pista en un área de seguridad de fronteras, "cuando la ley de Defensa Nacional, indica que los bienes que allí se ubican deben pertenecer a argentinos nativos, por razones de conveniencia nacional",
Odarda insiste en que en este caso aparece como titular un ciudadano argentino, Nicolás Van Ditmar, vinculado al financista británico, Joe Lewis.
Según una gacetilla del ARI, el defensor del Pueblo manifestó su interés en iniciar una investigación sobre estas posibles irregularidades y en lo inmediato dispondrá que un equipo de trabajo se instale en la provincia para analizar la autorización realizada del estudio de impacto ambiental efectuado por el Codema. Además Mondino solicitará el apoyo de la defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini.
Por otra parte la semana pasada Odarda solicitó al Presidente del Codema, Oscar Echeverría, un pedido de informes donde solicita la resolución ambiental o autorización del organismo que habilitó a la empresa Bahía Dorada SA, -de Van Ditmar -, dentro del Área Natural Protegida Puerto Lobos.
También pidió conocer los criterios científicos, legales y ambientales que fundamentaron la decisión adoptada.
