El secreto impuesto a actos del poder público, por lo general fundado en razones de seguridad, puede ser generador de desconfianza, en particular cuando tales actos implican delegar el manejo de grandes sumas de dinero en manos de una sola persona. En este país, sujeto a un régimen constitucional presidencialista, esa sola persona puede ser el presidente de la República o cualquier gobernador de provincia.

Un caso ilustrativo es el de la provincia del Neuquén, donde el eslogan "Neuquén es confianza", acuñado por la administración de Jorge Sobisch, parece ser hoy una broma de humor negro si se tiene en cuenta la sorpresiva precariedad de recursos del tesoro provincial, que es responsabilidad del "gobierno anterior" según el actual gobernador Jorge Sapag.

Tanto Sobisch como su ministro de Economía, Claudio Silvestrini, y el de Empresas Públicas, Alfredo Esteves, aseguraron que los estados económicos y financieros que entregaban a la administración que se haría cargo del gobierno a partir del 10 de diciembre pasado estaban en orden. Sapag podría iniciar su gestión sin problemas.

No fue así. Y no sólo que no fue así, sino que el motivo de que haya un oscuro vacío de cientos de millones de pesos en la contabilidad del Estado provincial no se debería apenas a manejos negligentes sino a desvíos ocultos merecedores de una investigación judicial amplia, responsable y profunda.

Hay, en el denominado "caso Temux", señales suficientes como para sospechar de que la defraudación, estimada en unos 23 millones de pesos, al banco provincial no puede ser atribuida solamente a algunos empleados de la sucursal Buenos Aires de la entidad, que al parecer habrían aplicado el principio de la obediencia debida para acatar instrucciones indebidas. Mucho menos cuando ese "caso" se ha transformado, con el transcurso del tiempo, en el que podríamos llamar "caso Temux-Damovo" a partir de que esta última empresa apareció, gracias a una denuncia del diputado Ariel Kogan que no fue desmentida, depositando fondos por un total provisorio de unos doce millones de pesos en la cuenta de Temux.

El secreto oficial pesa como una lápida sobre las actuaciones administrativas y judiciales tramitadas en ambos casos. El juez de instrucción penal Marcelo Muñoz, un protegido -mientras la dicha duró- del renunciante que no iba a renunciar vocal del TSJ Jorge Sommariva, su tío, estuvo sentado durante un año y medio sobre la causa Temux. Y el fiscal Pablo Vignaroli, autor del requerimiento de instrucción que Muñoz desoyó no avanzó un ápice en la investigación de la eventual participación de Damovo en el asunto.

Todo lo que el público conoce respecto de estos casos ha sido informado por este diario que, como siempre sucede, ha podido superar, hasta cierto punto, el bloqueo informativo.

Lamentablemente, el gobernador Sapag se ha sumado, hasta ahora, a la política del secreto. En noviembre pasado, cuando ya había sido electo pero antes de asumir, fue entrevistado por mí. Le pedí que me permitiera examinar las actuaciones del plan de seguridad, desde los decretos que autorizaron la contratación directa en adelante. Sin explicar debidamente los motivos o dándolos por sabidos, se limitó a ratificar que esos expedientes eran secretos. Son, no está de más reiterarlo, contratos directos mediante los cuales Sobisch, por sí y ante sí, adjudicó compras y trabajos por un total de 50 millones de dólares, unos 160 millones de pesos a la paridad actual.

No se hizo la licitación pública que la ley 2.141, de Administración Financiera y Control, manda hacer. El ministro de Seguridad que armó el plan, Luis Manganaro, fue preguntado al respecto por algunos periodistas que lo sorprendieron -cuando ya había dejado el ministerio- en un acto de la Policía. Contestó: "Les pido que respeten mi silencio".

No siempre el silencio debe merecer respeto. En un caso como éste lo que merece es todo lo contrario. Pero no hay más que aguantárselo y buscar la información por vías oblicuas, prometiendo reserva absoluta a los pocos que se animan a decir algo. Es como si fuéramos los periodistas quienes estuviéramos cometiendo un delito.

El derecho a la información pública cumple un doble objetivo. El primero es el de hacer viable que los ciudadanos sepan lo que los funcionarios públicos hacen con los fondos públicos. El segundo consiste en que la posibilidad de ejercer ese derecho hace que los funcionarios sean cuidadosos con el manejo del dinero que se les confía.

En la Nación hay un decreto de Néstor Kirchner que habilita el derecho a la información. Quien era entonces el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas, dijo que la norma era "una herramienta apta para conocer la gestión pública".

En Neuquén, como se ha dicho muchas veces, ese derecho tiene rango constitucional desde que se aprobó la Constitución provincial en 1957. Pero como las sucesivas tandas de legisladores no encontraron tiempo para ocuparse de reglamentarlo, el derecho quedó convertido en una declaración de principios.

Por lo tanto, la acción para poder llegar a la información pública es la de amparo. Fue ejercida recientemente, con éxito, para que el TSJ mostrara un expediente archivado derivado de la quiebra, decretada en 1998, del ex diputado provincial Oscar Gutiérrez.

Será preciso entonces recurrir al amparo judicial, ahora que se abre tímidamente la posibilidad de tener mejores jueces, para que el Poder Ejecutivo levante el secreto. Pero los diputados no quedan eximidos de la responsabilidad de dictar la norma que convierta en viable el ejercicio del derecho a la información. Así quedará demostrado que el Estado neuquino no tiene nada que ocultar.

JORGE GADANO

tgadano@yahoo.com.ar