CENTENARIO (ACE)- Un vecino de esta localidad denunció haber sido estafado por un prestamista de Neuquén y alertó que pese a las denuncias existentes, los embargos a los damnificados de las presuntas estafas -que serían miles- continúan ejecutándose.

Daniel Omar Sánchez explicó que en 1997 vivía en San Patricio del Chañar y que tomó un préstamo junto con un socio por 20.000 pesos con un prestamista de Neuquén para poner cabinas telefónicas en esa localidad. Ambos firmaron cuatro documentos a favor de una persona y cuando faltaban dos cuotas para finalizar el pago de la deuda (que pactaron en 35.000 pesos) el prestamista -que les recibía el dinero en su casa de Jardines Del Rey- "desapareció y no lo pudimos ubicar más".

Planteó que al tiempo les llegó un embargo judicial por uno de los documentos que habían firmado, con ejecución judicial no sólo a los socios que habían puesto las cabinas, sino también a las garantías que habían firmado a su favor.

"Todas las garantías eran empleados estatales. No somos los únicos, en Chañar llegaron embargos a gente que trabaja en el hospital y en el municipio, porque son toda gente que trabaja en el Estado; sabemos que en total son unos 3.700 damnificados entre Río Negro y Neuquén", dijo.

Según especificó, el prestamista "vendió los documentos a abogados que los ejecutan. Nosotros llegamos a pagar por uno de los documentos casi 50.000 pesos porque si no le embargaban a las garantías; hablamos con la abogada de Buenos Aires que compró uno de los documentos y ella nos dijo que no le importaba qué había pasado, que ella había comprado documentos y los ejecutaba", especificó.

Sánchez dijo que radicó la denuncia por estafa en el juzgado laboral 2 de Cutral Co y que dio a conocer la situación cuando supo que "hay denuncias en todos los juzgados de la provincia por este tema, y nadie hace nada. Sé que se vendieron en 9.800 dólares cada documento, y que habría dos documentos más, así es que si tenemos que pagar serían 160.000 pesos más del préstamo que estaba casi pagado cuando desapareció".

Desde ATE, se informó que en 2005, 2006 y 2007 se pidió en la fiscalía que se investigue la maniobra y se suspendan los embargos de los sueldos de trabajadores de salud, municipales, policías y docentes hasta que se investigara el accionar del acusado y un socio que involucraría a unos 2.000 estatales neuquinos (titulares y garantías) cuyos documentos de pago habrían sido vendidos a terceros en una maniobra presuntamente fraudulenta.