Poco más de 935.000 cruceños fueron convocados a votar el domingo en un referendo sobre un estatuto de autonomía para la región, y a pesar de que la consulta fue declarada ilegal por el gobierno y la Corte Nacional Electoral, los resultados podrían colocar en difícil situación al presidente Evo Morales y su programa.
En la madrugada del sábado el Consejo Permanente de la OEA rechazó "cualquier intento de ruptura'' del "respeto al orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia'', aunque sin reprobar la consulta autonómica en una sesión extraordinaria celebrada en Washington.
Esta ciudad de 1,4 millones de habitantes se veía tranquila el sábado con sus actividades públicas y privadas normales que contradice el clima de los días previos cargado de amenazas de opositores y simpatizantes del gobierno.
Horas previas a la consulta, el prefecto (gobernador), Rubén Costas, dijo en tono conciliador dijo que el plebiscito "debe conducir a un pacto nacional''. Aseguró en rueda de prensa que después de la consulta "no habrá fechas fatídicas'' para avanzar en la aplicación de los estatutos, lo que podría ahondar las disputas entre el gobierno central y la región.
Varios sondeos revelaron esta semana un respaldo de los capitalinos cercano al 70% a favor del estatuto, aunque en el interior hay oposición sobre todo entre indígenas y campesinos leales a Morales. Algunas localidades rurales anunciaron el corte de caminos para evitar que ingresen las urnas.
Cientos de gendarmes municipales apoyaran los comicios debido a que la policía no fue autorizada a cooperar en las tareas como ocurre en eventos electorales. Ante la falta de observadores internacionales, la Corte Electoral de Santa Cruz presentó el sábado sus propios observadores entre ellos a vocales de tres cortes electorales regionales que también están organizando para junio consultas similares.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció en días previos que los policías cumplirán tareas habituales de resguardo del orden público para evitar posibles brotes de violencia de grupos radicales.
El gobierno ha puesto en duda la transparencia de los resultados después de que el tribunal electoral nacional desconociera la consulta y la Corte Electoral de Santa Cruz se desconectara del sistema informático nacional.
Esta región del oriente que representa el 30% del PIB del país y es la más extensa, lidera la demanda autonomista. Otras tres le siguen los pasos con referendos convocados para junio. La demandas de autonomía agudizaron la polarización del país y amenazan con agravar las tensiones políticas.
Los líderes regionales garantizaron una "fiesta democrática'', sin embargo, grupos contrarios al gobierno y leales a Morales anunciaron acciones de protesta en algunas localidades del departamento.
