NEUQUÉN (AN)- Un fallo le impuso al Tribunal Superior de Justicia que se abstenga de seguir designando fiscales y defensores adjuntos, como viene haciendo hasta ahora.
La resolución, dictada el miércoles pasado por la Cámara Provincial de Apelaciones, plantea que existe un conflicto de poderes entre el TSJ y el Consejo de la Magistratura. Ambos organismos se disputan la atribución para designar a funcionarios de esa categoría.Según pudo saber "Río Negro", existen contactos informales entre integrantes del TSJ y del Consejo para alcanzar un acuerdo extrajudicial que ponga fin a la controversia y así sortear el conflicto de poderes.
La disputa entre ambos organismos nació con la entrada en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el 1 de marzo del año pasado. Según la Constitución reformada, entre las atribuciones del nuevo organismo figura seleccionar mediante concurso a los candidatos a jueces "y funcionarios del ministerio público", como son los fiscales y defensores adjuntos.
El fallo de la Cámara destaca que los adjuntos cumplen las mismas funciones que los fiscales y defensores titulares.
De hecho, el TSJ ha aceptado sin objeciones recursos de casación que ellos firman.
Pero si por la función son igual que los titulares, por su categoría se equiparan a los secretarios. Y la designación de los secretarios está a cargo del Tribunal Superior,
que en el último año nombró una gran cantidad de adjuntos. Eso dio origen a la controversia.
Dos integrantes del Consejo, Gustavo Olivera (representante del bloque peronista en la Legislatura) y Enry Rebolledo (de Apertura Popular Neuquina) presentaron un recurso de amparo que tras varias idas y vueltas recaló en la Cámara de Apelaciones. Lo hicieron a título personal, ya que según pudo saber este diario, el resto de los consejeros no estuvo de acuerdo con judicializar la controversia.
El miércoles, en un fallo unánime firmado por Daniel Varessio, Richard Trincheri y Héctor Rimaro, la Cámara le ordenó que TSJ que se abstenga de seguir designando fiscales y defensores adjuntos. De todos modos la resolución aclara que no está definido el fondo de la cuestión, que es cuál de los dos organismos tiene atribuciones para nombrar a esos funcionarios.
La Cámara indica en su sentencia que la pulseada representa un conflicto de poderes, y que en esos términos debe resolverse. Sin embargo, a través de contactos extrajudiciales integrantes de ambos organismos están buscando una salida más rápida y con menos fricciones. Según la Constitución provincial, los conflictos de poderes debe resolverlos el Tribunal Superior. Para abordar este caso debería integrarse por subrogantes, pero el gobernador Jorge Sapag aún no envió la lista de conjueces, que requieren acuerdo de los dos tercios de la Legislatura.
