Por ROLANDO CITARELLA (*)Especial para "Río Negro"
Por lo que se puede ver hasta ahora, las negociaciones entre dirigentes rurales y el gobierno nacional parecen encaminarse hacia un rotundo fracaso. Las partes están en un brete de difícil salida en el que ninguna puede ceder posiciones y el cambio de ministro de Economía no pareciera ser un factor que pueda modificarlas.
Entonces, ¿cómo se arregla esto o por dónde pasaría alguna posibilidad de solución?
Hagamos el supuesto (fuerte por cierto) de que el gobierno nacional es de lo más sensato y razonable tanto en términos políticos como económicos. Aun en esa situación, ¿puede ceder a las demandas de los productores agropecuarios? Tal como están planteadas las posiciones, difícilmente podría hacerlo... hoy.
No puede, hoy, por dos motivos principales: 1) porque necesita la plata para evitar entrar en un segundo default, dadas las dificultades que encuentra para acceder a financiamiento (nadie está dispuesto a prestarle al país) y 2) la inflación ya está en el umbral de problemón.
Si el gobierno mañana liberara totalmente las exportaciones de carnes y leche terminaría sus conflictos con el campo pero, dado que en el corto y mediano plazo tendríamos un fuerte incremento en los precios internos de esos dos productos, se abriría un conflicto quizá más grave entre consumidores y el gobierno; o sea: hoy el gobierno no puede conceder estos pedidos. Por otra parte, la gente de campo no puede volverse con las manos vacías.
En tal contexto, una posible salida del conflicto debería basarse en un programa pautado de concesiones y cumplimientos mutuos que hoy no se pueden dar pero sí podrían tener lugar en el mediano y largo plazo. Uno no se puede comer un elefante de un bocado, pero sí a lo largo del tiempo.
Dicho programa debería hacer hincapié en la ganadería y la lechería, que son los reales problemas del campo. La sojización que tanto dice preocupar al gobierno en realidad ha sido provocada por él mismo que, con las restricciones impuestas a las exportaciones de carne y leche, ha anulado la rentabilidad de esas actividades empujando a los productores lecheros y ganaderos a pasarse a la soja.
Las bases del programa serían: 1) la eliminación total de las restricciones a las exportaciones de leche y carne pero estableciendo un alto nivel de retenciones que en los hechos significara mantener el statu quo actual; es decir, prácticamente cero de exportaciones de leche y algo de carne, y 2) la aplicación de un cronograma de reducción de dichas retenciones y de las correspondientes a granos, con fechas de estricto cumplimiento.
El programa tendría un efecto fuerte en términos productivos no sólo por los ganaderos y lecheros, que se prepararían para una mayor demanda y precios más redituables en un futuro previsto, sino también por los productores de sustitutos de la carne vacuna (porcinos y pollos), que verían un panorama interesante de ventas para cuando la carne vacuna subiera de precios y los consumidores decidieran ir hacia aquéllos.
El objetivo final es que aumente fuertemente la oferta de leche y carne, de tal manera que se puedan abastecer razonablemente los mercados externo e interno. Pero eso no se logrará sin rentabilidad, y en tal sentido el programa implícitamente estaría estableciendo la rentabilidad que tendrían esos productos en el largo plazo al ir bajando las retenciones.
Seguramente, tal como ha ocurrido con el crecimiento exponencial en la producción de granos -hoy cercana a los 100 millones de toneladas-, novillos, vaquillonas y vacas lecheras volverían a ser protagonistas principales de las pampas, produciendo una desojización, aun cuando las retenciones de ésta bajaran.
Con la firma de un programa de estas características, si bien los productores estarían aceptando las reglas actuales lo harían a cambio de una mejora en el mediano y largo plazo. Por el lado del gobierno, si bien lograría hacerse de más plata por la mayor carga fiscal de las retenciones móviles a los granos, sabría bien que tal triunfo sería transitorio. Sólo habría logrado tiempo, el tiempo que necesita para reacomodar sus finanzas haciendo hincapié en la reducción del gasto público, que ha sido y sigue siendo el gran problema nacional.
(*) Economista