Como es habitual, las elecciones de intendente convocadas para el 18 de mayo no conseguían romper la apatía a pesar de la cercanía de la fecha. Pero en la última semana la acusación de los candidatos opositores sobre el abuso en el manejo de subsidios por parte del actual intendente provisorio y candidato por el FpV, Darío Barriga, y la réplica consecuente instalaron el debate en el peor terreno, donde importa más la imagen que las ideas.

Es una práctica con larga tradición en esta y otras geografías que la fuerza política con responsabilidades de gobierno -puesta en el trance de competir por su continuidad- apele a los recursos públicos como si fueran fondos de campaña.

Dirigentes radicales que conocen el paño ya lo habían anticipado ya en diciembre pasado, cuando renunció Alberto Icare renunció. El mismo candidato de ese partido, Marcelo Cascón, alertó por entonces sobre la necesidad de mirar con lupa el gasto público municipal de los primeros meses de 2008 y el riesgo de "sobreejecución" en determinadas partidas.

Corrido el tiempo, no hubo margen para la sorpresa. De los 150 mil pesos aprobados por presupuesto en "subsidios de la Intendencia", Barriga empleó 210 mil en sólo cuatro meses. Y cubrió el exceso con una transferencia del dinero reservado para el "traslado del vertedero".

Alega que parte de ese dinero fue destinado justamente a adecuar las actuales instalaciones del basurero municipal, pero no pudo desmentir las críticas de fondo a una discrecionalidad de la que no es único actor y que es intrínseca al sistema.

Dados los actuales códigos de la política, que el intendente no exprimiese su fondo de subsidios en estos pocos meses hubiera sido tomado como una ingenuidad desconcertante. Su contraparte más firme, la Concertación-UCR, difícilmente se hubiera privado de la misma práctica.

La cultura de que el poder sagrado de los votos otorga derechos para disponer del Estado como si fuera la propia estancia no será fácil de remover.

Y en el municipio, la ayuda social canalizada por la mano generosa del intendente no es la única señal de alarma.

El área de Prensa maneja un presupuesto que crece a un ritmo mayor que la obra pública (500 mil pesos para este 2008) y que se distribuye entre multitud de radios, publicaciones y programas de tevé sin cumplir con los mismos criterios de racionalidad que rigen para otras compras y contrataciones del Estado.

Otro tanto ocurre (y ocurrió también durante gobiernos anteriores) con la conformación de un gabinete donde lo que abunda no es la idoneidad probada.

Es justo reconocer que en materia de subsidios la historia reciente registra intentos por romper esa inercia. Alguna vez los concejales también tuvieron su partida para repartir ayuda social, hasta que la crisis de fines de los 90 arrasó con esa partida y nunca fue resucitada.

Con la mira puesta en eliminar el clientelismo también en la esfera del Ejecutivo, la ex concejal y actual candidata a intendenta por el ARI, Sandra Guerrero, presentó en 2004 un proyecto de ordenanza orientado a reglamentar el otorgamiento de subsidios. Obvio es decir que rebotó contra la negativa de los partidos de amplia representación.

Lo que debería desaparecer, en definitiva, es la puerta abierta a la arbitrariedad. La distorsión es que una parte de la ayuda social, aunque sea menor, no esté encuadrada en programa alguno y en lugar de recibir tratamiento técnico en Acción Social tramite en la secretaría privada de la Intendencia.

Qué mejor que una encrucijada electoral para demostrar vocación de cambiar ese orden y construir una representatividad más sólida y duradera.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar