Extraño gobierno en el que los funcionarios deambulan, sin directivas ni rumbos.
Rara provincia donde la Justicia prioriza sus recursos en la política remunerativa, orientada a salarios y beneficios más injustos.
Nadia Ruiz tiene 33 años y es secretaria de Seguridad. Su solidez técnica se contrapone con su inexperiencia institucional-política en un área compleja que incluye el manejo policial. La semana contuvo fuertes versiones de su desplazamiento. La funcionaria logró anteayer el esperado respaldo directamente del gobernador. No sabía a quién reportar. Desconocía esta particularidad gubernamental. Creía aún en la utopía de los proyectos de equipo.
¿Qué hacía su ministro? El mandamás de Gobierno, José Luis Rodríguez, medió en el conflicto del CEM 31 de Roca, ocupado por los estudiantes que reclaman insumos, e intervino en los reclamos de ATE, derivados después a cuestiones sanitarias. Dos frentes ajenos a su cartera política. Ambas acciones sorprendieron a los ministros César Barbeito y Cristina Uría.
Impermeable, Rodríguez justificó lo suyo en "contactos ocasionales e informales". Reduce las críticas a reacciones de la "política interna". Error. Esta flaqueza se explica en el método de conducción de Saiz. Una posición cada vez más sujeta a la inercia que a la acción.
Es cierto que el ministro aceptó una cartera habitada por extraños, pero el gobernador se ocupa de erosionar cada paso del ex legislador.
Rodríguez quedó totalmente desairado cuando esta semana se reabrió el diálogo con los intendentes justicialistas. El presidente de la Liga, Juan Domingo Garrone, llamó al secretario general Francisco González. Pero fue Saiz quien lo habilitó para penetrar en ese canal e ignorar a Gobierno, convocando -en las formas- al secretario Robin del Río. En apariencias, "todo fue consensuado", reiteró Rodríguez frente a su equipo.
Ya hace algunos meses, González recibió a los jefes comunales del Valle Este y convalidó un reclamo para sumarlos al reparto de las regalías petroleras. También ahí el ministro Verani se enteró cómo el gabinete evaluaría el destino de los recursos.
Comandos díscolos al abordaje de cada problemática, sin unificación de criterios.
La dispersión también es mala consejera en la ejecución de las políticas de Seguridad, siempre esquiva a los beneficios inmediatos y tan huérfana de socios políticos. Rodríguez rápidamente advirtió que son terrenos pantanosos y, además, en esas conducciones figuran dos nombres impuestos.
La jefatura policial de Víctor Cufré nunca estuvo ni está en dudas. El gobernador descansa en la utilidad de ese jefe, que ganó su confianza con oportunos reportes de información. Ni los errores de Cufré -como su presencia en el domicilio del imputado del crimen de Ana Zerdán- sirvieron para revisar aquella percepción. Bien lo saben quienes le insinuaron maniobras para desplazarlo.
Otra estrategia gestó la conducción de Seguridad. Rodríguez propuso a Marcial Peralta, hoy su secretario. Saiz designó a Ruiz y el viernes lo ratificó al recibirlo.
Al gobernador se le insistió en la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Nunca estuvo de acuerdo, y ahora silencia la propia opinión y escucha otras. Nada indica que esa opción signifique cambios inminentes.
La Justicia tiene su preocupación. Su presupuesto sigue acotado al 4% del total de la provincia. Es inferior al de Neuquén (7,62%) pero similar al de Chubut y de La Pampa, según un estudio de Unidos por la Justicia.
Poca o mucha, esa disponibilidad -cada año- se monopoliza en el gasto de personal. En el 2006, un 10% quedó para funcionamiento, equipamiento y servicios. El año pasado cayó a un 9%. En el primer trimestre ronda el 5%.
En enero se aplicó un aumento del 17,15% y, en abril, se concretará otro del 10%. Acumula el 28,8% para el primer cuatrimestre. En abril, los legislativos tendrán el 19%, UPCN totalizará un 17% y los docentes promediarán un 12%. Prevalece la disparidad de criterios.
La resolución Nº 134 del Superior Tribunal de Justicia consignó que el último incremento sólo alcanzara al personal, hasta los "funcionarios de ley". Un intento con grietas evidentes. En la Justicia se acepta que será difícil de mantener esta exclusión para los jueces del beneficio pecuniario. Ya se conocen planteos que bien concluirían con acciones judiciales.
Nadie se hace cargo tampoco de los resultados del servicio judicial. Los miembros del STJ reiteran críticas al funcionamiento. Prácticamente son las mismas oídas en la década que llevan al frente de su responsabilidad.
Hay esquemas con poca defensa, que persisten sigilosamente. En el Poder continúa el pago del odioso adicional llamado MIG y su criticada distribución. El año pasado, Víctor Sodero Nievas prometió su eliminación, pero abandonó la conducción del máximo tribunal y todo sigue igual.
Esos aportes revelan diferencias salariales entre las mismas categorías. ¿También explican algunas sorpresas remunerativas: salarios netos que son superiores a los brutos? Por caso, el vocal del STJ Luis Lutz percibe 24.303 pesos cuando su bruto es de 22.200 pesos, mientras que Sodero Nievas cobra 22.666 pesos cuando el registro inicial alcanza los 20.800 pesos, según las planillas oficiales de la Anses. De por sí, los haberes de los jueces tienen retenciones porcentuales inferiores (su tope por aportes previsionales llega a los 6.750 pesos) y no pagan el impuesto a las Ganancias.
Otro beneficio privativo. Alberto Balladini -actual presidente del STJ- se entrevistó con el gobernador para apurar la implementación del nuevo régimen jubilatorio, que asegura jubilaciones del 82% para los magistrados. Balladini formalizó el reclamo del gremio para extender ese derecho a la totalidad del personal. La cuestión, ya descartada por la Anses, no mereció mayores análisis en esa reunión.
Saiz remitirá en mayo el proyecto a la Legislatura y su sanción pondrá en marcha los 90 días de adhesión para los jueces y los funcionarios judiciales (que superan los 300 activos). Una veintena de magistrados ya está en condiciones de retirarse. El STJ fijará los plazos y la nómina de los retirados, con garantizadas y provechosas jubilaciones.
Contrariedades entre ese Poder y la sociedad.
ADRIÁN PECOLLO
pecollowa@yahoo.com.ar
