CARACAS (DPA).- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, negó ayer que esté introduciendo en el país las reformas constitucionales que propuso el año pasado y que fueron rechazadas en las urnas en el referéndum del 2 de diciembre.
"Andan diciendo que Chávez está metiendo de contrabando la reforma que no se aprobó. Ése es otro recurso más para tratar de confundir y engañar a la nación y al mundo", afirmó en un encuentro sobre tecnología popular.
Agregó que desde el punto de vista de los opositores aprobar las reformas por otras vías significa un golpe de Estado.
"Algunos dicen que yo estoy dando un golpe de Estado continuado, así lo dicen. Con eso ellos están buscando la justificación para dar un golpe de Estado. Aquí nunca más darán un golpe de Estado, una cosa es querer y otra es poder, soplar no es hacer botellas", señaló.
El mandatario afirmó que la oposición está equivocada cuando lo acusa de estar aprobando mediante decretos ejecutivos aspectos contenidos en su proyecto de reforma socialista.
"Todo lo que el gobierno está haciendo está aquí, en esta Constitución", aseguró Chávez con un ejemplar de la Carta Magna que fue aprobada en 1999 en una consulta popular.
Añadió que "lamentablemente" la reforma que propuso el año pasado no fue aprobada, aunque puntualizó que la enmienda no pasó "por ahora".
"Cuántas cosas nuevas hubiéramos hecho y que no podemos hacer ahora", dijo y mencionó que si la reforma se hubiera aprobado ya se habrían dotado con presupuesto propio los consejos comunales, que son agrupaciones vecinales, y se habrían designado vicepresidentes provinciales en varias regiones del país venezolano.
La reforma socialista que propuso Chávez incluía eliminar la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), crear vicepresidentes regionales, denominar "bolivariana" a la Fuerza Armada e introducir la reelección presidencial ilimitada.
La oposición acusa a Chávez de estar aprobando a través de decretos ejecutivos algunos aspectos de la reforma como el nuevo programa de educación primaria y secundaria, y la aprobación de la Policía Nacional que restaría facultades a la Guardia Nacional (policía militarizada).
