SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La necesidad de fijar reglas más claras para la distribución de las pautas de publicidad oficial, la creciente presión del gobierno nacional hacia la prensa argentina y la urgencia por fijar nuevos códigos de diálogo entre los magistrados y los periodistas, fueron algunos de los puntos salientes del Segundo Seminario sobre Libertad de Expresión "Magistratura y Prensa", que terminó ayer en Bariloche.
El cierre estuvo a cargo de Víctor Sodero Nievas, miembro del STJ. Previamente expuso Jorge Vanossi, sobre aspectos que demanda el ciudadano de la magistratura y de la prensa.
En la apertura de la jornada Donald Thomas y Néstor Balian, ambos directivos de ADEPA, Alejandra González Rodríguez, Liliana Piccinini y Hernán Cappiello analizaron en detalle la preservación de las fuentes de información. Por su parte, Marcela Basterra y Pablo Hirschmann expusieron sobre el Habeas Data.
Por la tarde Enrique Peretti hizo referencia al nuevo escenario que se presenta en el plano jurídico y en el de los medios de comunicación, con nuevos actores, diferentes reglas y también nuevas demandas y necesidades de la gente. Anticipó una nueva política de comunicación entre las personas, y en particular entre los magistrados.
En particular hizo hincapié en la necesidad de difundir las audiencias públicas, como herramientas para resolver los conflictos de las personas.
A su término, en el panel sobre "Nuevos criterios propiciados por la CSJN en la conferencia nacional de jueces", expuso Agustín Amado, periodista residente en Roca. Manuel Sánchez Palacios Paiva, presidente de la sala civil permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, dictó luego una conferencia magistral sobre el rol de la magistratura y la prensa.
Uno de los paneles más convocantes resultó el que abordó la distribución de fondos públicos. En primer término expuso Carlos Gamond, de ADEPA, quien resumió con ejemplos y estadísticas la forma en que distribuye la publicidad oficial el gobierno nacional en Buenos Aires, premiando a medios amigos y castigando a los que critican o denuncian irregularidades.
También hizo referencia a la manera discriminatoria que se usa la publicidad oficial en varias provincias y afirmó que "hoy vivimos el momento más crítico en la relación prensa-gobierno nacional, desde la restauración de la democracia".
Alicia Miller, de "Río Negro", recordó el castigo impuesto por el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch hacia este medio, con el retiro de la pauta oficial, lo que derivó en la condena de la Corte en setiembre del año pasado. Resumió el caso y afirmó que "en las provincias con menores recursos y en especial en los pueblos chicos es donde más se nota la presión y la fuerza que tiene la publicidad oficial". Miller afirmó que "salvo excepciones, los dueños de los medios no están del mismo lado que los periodistas". También hizo mención a los cuatro proyectos de ley para distribuir la publicidad oficial que hay en la Legislatura rionegrina.
Rodolfo Rodrigo, abogado del foro local, reseñó la forma con la cual distribuyen la publicidad oficial el gobierno de Río Negro -por un monto de 7 millones de pesos- y la municipalidad local, por 400.000. Dijo que ambos repartos son "razonables", aunque podrían ajustarse. Abogó por el dictado de "reglas claras" y propuso un decálogo de reglas para incluir en la norma. Por último, anunció la creación de un "Foro para la Libertad de Prensa en Bariloche".
