Otro camino se cerró para el juez roquense Pablo Iribarren, que intenta evitar un juicio político por su intervención en el resonante caso Paita.
El Consejo de la Magistratura rechazó ayer un pedido de nulidad que argumentaba que el magistrado padeció una vulneración de su derecho de defensa, porque se lo investigó inicialmente por un hecho y finalmente le formularon cargos por tres.
Lo único que consiguió el titular del Juzgado 12 fue extender los plazos del proceso, que en principio preveía el inicio del juicio para el 12 de mayo y ahora se pospuso sin fecha concreta. Esa decisión tiene directa relación con la inactividad actual del juez, a quien se autorizó una licencia médica de un mes.
Iribarren quedó a las puertas del juicio después de la investigación que analizó su conducta en el caso Paita, puesto en libertad apenas unas horas después de ser detenido en Cervantes, en enero del 2005. El ginecólogo denunciado por la práctica de abortos estaba prófugo desde hacía varios meses y cuando el juez Emilio Stadler -responsable original de la causa- advirtió irregularidades tras la intervención de su colega libró nuevamente la orden de captura. Pero ya era tarde, porque el médico volvió a escapar y nunca más se supo nada sobre su paradero.
Oscar Pineda, abogado de Iribarren, sostuvo que el dictamen del instructor de la causa en el Consejo de la Magistratura imputó al juez un solo hecho: haber dejado en libertad a Paita.
"El presentó el descargo por ese hecho, pero cuando elevan el expediente a la Procuradora General (Liliana Piccinini) agregan dos hechos: no haber corrido vista al fiscal y no haber pedido los antecedentes del detenido", explicó el defensor del magistrado sobre su pedido de nulidad.
Sin embargo, el Consejo de la Magistratura rechazó ayer el planteo y permitió el avance del proceso hacia el juicio político.
La reunión de los consejeros se realizó en la sede administrativa del Poder Judicial en Roca y contó con la participación de la mayoría de los miembros titulares del cuerpo, que coincidieron en desestimar el planteo de Pineda. Este no es un dato menor, ya que el abogado de Iribarren podría plantear ahora la recusación de los consejeros en el juicio al magistrado, entendiendo que la decisión de ayer implica un adelanto de opinión.
Esta posibilidad también fue analizada por el Consejo, pero se avanzó después de considerar que se trataba de un recurso preliminar que no los involucraba en la cuestión de fondo.
De esta manera, lo que resta ahora es fijar una nueva fecha para el juicio político, algo que dependerá del regreso del juez a la función. Fuentes judiciales indicaron que la licencia concluye el 5 de mayo, pero cabe la posibilidad de que pida una extensión. "De ser así debería intervenir una junta médica y eso dilataría mucho más las definiciones", precisó el vocero consultado.
Cabe recordar que además del proceso en su contra por el caso Paita, el Consejo de la Magistratura decidió semanas atrás remitir al STJ dos expedientes más contra Iribarren, para que se defina si corresponde aplicarle sanciones disciplinarias menores. Se trata de denuncias por las causas que investigaron a autoridades del Colegio de Farmacéuticos y a una médica, imputada por mala praxis. (Redacción Central)