VIEDMA (AV).- La Justicia confirmó el procesamiento de una funcionaria de Fiscalía de Estado por pagar a un abogado viedmense unos dos millones de pesos de más por honorarios en juicios de estatales contra la provincia.
La decisión se tomó sobre Sandra Bombardieri, a quien se imputa ser partícipe necesaria en el delito de "fraude a la administración pública por administración fraudulenta". También fue confirmado un embargo de 50.000 pesos.
Además, la Cámara Penal revocó otro procesamiento dictado en su contra por el delito de "exacciones ilegales".
En el primero de los casos los camaristas María del Carmen Vivas de Vázquez, Pablo Estrabou y Francisco Cerdera coincidieron con el juez penal subrogante Alejandro Moldes en el sentido que en el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso está acreditado que Bombardieri se desempeñaba como jefa del área judicial de la Fiscalía de Estado de Río Negro en la fecha en que sucedieron los hechos que se le imputan, teniendo a su cargo todas las facultades de control, supervisión, realización y distribución de las tareas que en el área a su cargo ingresaban en el organismo, incluso con la facultad de elaborar las planillas para distribuir los honorarios.
El fallo agregó que en el ejercicio de esas facultades -según los señalado por los testigos- apartó expresamente a todos los abogados que se desempeñaban en la Fiscalía de Estado llevando juicios por los descuentos salariales de las leyes 2.502 y 2.990, ocupándose en forma exclusiva de toda la etapa de negociación e instrumentación de los convenios de pago, manteniendo para ello reuniones con los abogados particulares de los actores para quienes se constituía en la referente del organismo en cuanto a esos juicios.
También quedó acreditado que, en el caso concreto del abogado viedmense Juan José Zalesky se le abonó de más 1.944.851,86 pesos en concepto de capital y 182.802 por (entre pesos y bonos Bogar 1), totalizando 2.127.654 pesos lo que en definitiva se habría pagado en exceso en virtud de los sucesivos convenios celebrados.
En este sentido se detalló en la resolución que "el total que se abonó al profesional por los 28 juicios correspondientes a la ley 2.990 fue de 8.286.258,93 pesos en concepto de capital y de 2.325.275,93 por honorarios, cuando en realidad, lo que correspondía eran 6.341.407,07 lo que indica que las liquidaciones estaban excedidas en un poco más del 30%".
Para los jueces la función de Bombardieri en la Fiscalía de Estado era la de supervisar y controlar las liquidaciones en cada juicio o expediente a fin de determinar por caso concreto la suma real efectivamente descontada y que sería objeto de devolución según la ley.
Consideraron también que no existía riesgo de embargo en lo inmediato "por lo que efectivamente se desvanece la hipótesis de la defensa en relación a la urgencia".
En esta causa el año pasado también fue citado a indagatoria el Fiscal de Estado, Alberto Carosio, quien no se presentó a declarar amparándose en los fueros que lo protegen por ocupar ese cargo al frente del organismo de control y en el que fue confirmado por cuatro años más en esta nueva gestión iniciada por Miguel Saiz el 10 de diciembre pasado.
