Martes 22 de Abril de 2008 Edicion impresa pag. 14 > Regionales
Piden promover otro juicio contra Campbell

VIEDMA (AV).- El fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, requirió al Tribunal de Cuentas otro juicio contra el ex presidente de Altec, Guillermo Campbell, por presuntas irregularidades contables y la existencia de facturas apócrifas. Esta solicitud está encuadrada en un monto superior al 1,2 millón de pesos, considerado como perjuicio contra el Estado provincial.

Hace algunas semanas, el Tribunal -que preside Daniel Bossero- promovió juicio "administrativo de responsabilidad" contra Campbell y Haroldo Lazcano -ex gerente administrativo- por 84 mil pesos por la utilización de "facturas apócrifas e inexistentes" en los registros de Altec. El expediente judicial -que cuenta con el procesamiento de Campbell- rondaría el 1,4 millón, también relacionado a la existencia de irregularidades en la utilización de facturas. Ayer, se conoció que el fiscal Berraz amplió la denuncia y requirió el enjuiciamiento para los mismos directivos -Campbell y Lazcano- y el de Wálter Gaydou en la continuidad de la investigación por "acción y omisión en el control de facturas rendidas y pagadas, y verificadas por la AFIP como apócrifas". Este requerimiento fue confirmado a ADN por el propio Berraz. El monto cuantificado por Berraz como perjuicio económico alcanzó los 1.214.983,79 pesos. El fiscal tendría "acreditado que Campbell, Lazcano y Gaydou son responsables del descontrol de facturas rendidas y pagadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que al ser verificadas por ese organismo resultaron apócrifas".

Después de inspecciones de la AFIP, ALTEC adhirió a un esquema de cancelación -denominado RAFA, Régimen de Asistencia Financiada Ampliada- por 6 millones de pesos y la firma provincial incorporó facturas o comprobantes que el organismo tributario calificó de "apócrifos".

En lo judicial, el juez penal de Bariloche Miguel Gaimaro Pozzi procesó en febrero de 2007 a Campbell al considerarlo inicialmente "esponsable del delito de fraude a la administración pública".

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