NEUQUÉN (ACE).- El juez federal Guillermo Labate dio por concluida la investigación de 17 denuncias de detenidos-desaparecidos de la región y envió a juicio oral y público a ocho militares por su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

El tramo de la causa elevada a juicio es de víctimas de la dictadura militar en Río Negro y Neuquén que pasaron por el centro clandestino "La Escuelita" que funcionó en las inmediaciones del Batallón del Ejército en Neuquén a partir de junio de 1976.

Ayer, el juez entregó las actuaciones en el Tribunal Oral Federal, mientras las partes eran notificadas que la elevación a juicio había sido firmada el viernes.

Son más de 6.000 fojas y anexos de documentación que se sumarán a las actuaciones elevadas al mismo tribunal en diciembre (unas 25.000 fojas) cuando se envió a juicio a los militares (R) Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold y Luis Alberto Farías Barrera por las mismas víctimas.

Por los mismos 17 hechos acusó a los militares (R) Mario Alberto Gómez Arena, Hilarión de la Pas Sosa, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y Francisco Julio Oviedo.

A todos se les endilgó asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados. Labate enmarcó los delitos cometidos por los militares como de "lesa humanidad", los acusó por la "desaparición forzada" de una de las víctimas y enmarcó la elevación a juicio en "el delito internacional de genocidio".

El juicio oral y público se llevará a cabo en julio y agosto en el viejo recinto de la Legislatura Neuquina.

Según se confirmó oficialmente, integrantes del Tribunal Oral Federal de Neuquén en conjunto con funcionarios de superintendencia Federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se entrevistaron con la vicegobernadora Ana Pechen para solicitar el espacio para esa fecha, y la autorización se concedió.

"Está agotada la investigación en estos 17 casos que se elevan a juicio, pero se sigue con el resto de las víctimas", aclaró ayer Labate, quien cifró en unos 50 imputados más los que deberán comparecer en la instrucción por su responsabilidad en los crímenes de la última dictadura militar, y más de 70 víctimas de la región que aguardan para que sus casos también lleguen a juicio.

En 1976, Olea era el jefe del Batallón cuando allí funcionó el centro clandestino. Desde el Batallón se enviaba la comida a los guardias del lugar de tormentos y se asistía con la infraestructura que necesitara el lugar para los fines represivos.

Reinhold estaba a cargo de Inteligencia en el Comando y varias de las víctimas de la causa fueron derivados desde su presencia al centro clandestino o liberados frente a él en el Comando luego de pasar por las torturas.

Luis Farías Barrera era jefe de personal en 1976 y su rol era el de entrevistarse con los familiares de los detenidos-desaparecidos; mientras que también fue visto en varios "traslados" desde y hacia el centro clandestino e inclusive una testigo recibió un certificado de justificación laboral de manos de Farías Barrera en el lugar de los tormentos.

Mario Gómez Arena era el jefe del Destacamento de inteligencia en 1976 quien junto con los jefes del ejército -como Reinhold- tenía el poder de decisión sobre quiénes serían las víctimas y su destino; se cree que dirigía también varios de los interrogatorios de los secuestrados.

De acuerdo a las probanzas en la causa, Sosa era el médico que supervisaba la tortura en "La Escuelita", mientras que Molina Ezcurra, Oviedo y San Martín eran suboficiales de inteligencia que se ocupaban del funcionamiento operativo del centro clandestino dirigido por Gómez Arena.