El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, atribuyó la demora del sistema judicial bonaerense a que hay jueces "vagos" y anunció que habrá sanciones para los magistrados que muestren "falta de productividad por indolencia o negligencia". Por su parte el gobernador del Neuquén, Jorge Sapag, instó a "ser eficientes y eficaces con el gasto público" y a "trabajar todos" por la provincia. En un acto en Los Guañacos advirtió: "No vamos a permitir que haya ñoquis ni gente que pretenda vivir a costillas del Estado".

Estas manifestaciones, en boca de altos cargos públicos, son alentadoras, puesto que muestran el interés por abordar una de las mayores lacras de nuestra sociedad: la extrema ineficiencia del sector público. No existe posibilidad de solucionar este vetusto problema si los dirigentes políticos no manifiestan la firme voluntad política de poner fin a prácticas que han sido incorporadas por la propia vesania e indiferencia de la clase política.

La causa principal de la ineficiencia del sector público, en la Argentina, está vinculada con el clientelismo político. Hoy no es posible "operar" en el terreno político, sin tener el respaldo de un sueldo público. La presencia en el escalafón público de miles de punteros y operadores políticos del partido en el poder es la principal usina de ineficiencia. Se trata de personas que no están preparadas para cumplir con la función asignada; que no cumplen sus horarios de trabajo y que provocan un efecto demoledor en la motivación del resto de funcionarios públicos.

Por otra parte, debemos reconocer que existen circunstancias vinculadas con la psicología humana que provocan un cierto desapego por los bienes públicos. Aristóteles, en la política, se opuso a la propiedad comunitaria propugnada por Platón, por entender que nadie cuida adecuadamente los bienes que no le pertenecen totalmente. El triunfo del sistema capitalista sobre el comunista obedeció en parte a la extremada ineficiencia de un sistema que, al socializar los medios de producción, los puso en manos de todos, es decir de ninguno en particular.

Los problemas de ineficiencia por desapego a lo público o comunitario se observa también en las sociedades más avanzadas. España es un ejemplo paradigmático del enorme esfuerzo realizado por la clase política para modernizar las estructuras del Estado. No obstante, hace pocos días el diario "El País" informaba a sus lectores que mientras en la empresa privada el ausentismo no supera el 4%, en la Comunidad de Madrid el 22% de los trabajadores faltaba al trabajo a diario, amparados en bajas médicas o permisos especiales.

En consecuencia, no bastaría con eliminar la nefasta práctica del clientelismo y establecer sistemas rigurosos de selección, mediante oposiciones y concursos, para obtener la mejora de la función pública. Deberían también implementarse mecanismos similares a los que se utilizan en la gestión privada para conseguir un rendimiento equivalente. Éstos, que se usan para conseguir un mayor grado de compromiso e implicación por parte de los empleados y obreros, se resumen básicamente en dos: medición e incentivos. La medición consiste en establecer mecanismos de control sobre la labor realizada y traducirlo en estadísticas que permitan un monitoreo comparado sobre la eficiencia productiva. Los incentivos, que pueden ser de varias clases -económicos, de promoción, etc.-, buscan conseguir la motivación y despertar el interés por el trabajo bien hecho.

La incorporación de los métodos de gestión privada a la gestión pública puede dar lugar a resistencias amparadas en el pretexto de que se tratarían de medidas de privatización de lo público. La utilización de este argumento pone de manifiesto una de las mayores paradojas de nuestra sociedad política. Los dirigentes políticos que desde los tradicionales "movimientos populares" asumen la defensa del Estado y de lo público, denostando a los liberales que proclaman el Estado mínimo, son los mayores creadores de ineficiencia del sector público. Olvidan que la defensa auténtica de la provisión de bienes públicos por parte del Estado pasa, ineludiblemente, por obtener la máxima eficiencia y eficacia en sus cometidos. Al prestigiar su labor, lo haremos digno del respeto y la consideración de todos.

ALEARDO F. LARÍA (Abogado y periodista. Madrid)