En un hangar del aeropuerto de Viedma siguen depositados cuatro aviones de SAPSE, cuyo desuso lleva una década. Este plazo también computa el inagotable proceso de liquidación de esa empresa aérea provincial.

Esas aeronaves -dos Metros III, un Turbocomannder y un Cessna- pierden valor económico con el transcurso del tiempo por la desidia gubernamental. Ciertas estimaciones consignan un valor actual de cuatro a cinco millones de pesos aunque, en realidad, resta saber su estado de mantenimiento.

Hay otras sorpresas. El Tribunal de Cuentas insistió en los últimos dos años -sin resultados- con "la tramitación de la propiedad de los aviones". Fuentes oficiales afirman que los obstáculos llegan a que los tradicionales Metro III no tendrían matrícula. La inmovilidad de las naves se explicó inicialmente por acciones de la AFIP (interdicción) y ese cuadro es confuso actualmente. Hay fuentes judiciales que aseguran que ese embargo "ya fue levantado hace años".

Entre las demandas pendientes, la Fiscalía de Estado registra una docena de profesionales privados reclamando honorarios, que superan los 2,5 millones.

Dos juicios históricos -el de Aduana por aranceles y el RCS por aviones- están concluidos hace dos años, pero el gobierno provincial mantiene inconcluso el proceso de SAPSE, con los cuatro aviones (rezagos y repuestos incluidos) en desuso y cuyo valor llegaría a cinco millones. Otro costo adicional: a fines de 1995, SAPSE denunció un robo en ese hangar de repuestos y herramientas, que fue valuado en medio millón de pesos o dólares.

Los bienes aéreos cumplen 10 años en depósito, mientras que la provincia abona anualmente cerca de tres millones de pesos por la contratación de servicios aéreos privados.

SAPSE hoy es casi inexistente, pero igual en 2008 tiene previsto gastar casi 250.000 pesos, en especial por "servicios profesionales y técnicos". Antes, esa estructura de la empresa "en liquidación" era superior pero sólo considerando aquel presupuesto, Río Negro desembolsó 2,5 millones en la última década para "gestionar" el proceso de eliminación.

El secretario de Empresas Públicas, Gabriel Savini reiteró que la liquidación se cumpliría antes de finalizar el 2008 y anunció un decreto del gobernador Miguel Saiz para convocar a los acreedores y blanquear los compromisos pendientes. En el 2005, el Tribunal de Cuentas -según resolución 04- ya requería un "detalle actualizado de las deudas de la empresa, con nombre de acreedor, monto y antigüedad de cada una".

Aquellos dos juicios importantes siempre constituyeron la mayor razón de la demora para concluir con la liquidación. Esas demandas centrales concluyeron hace dos años. En el 2005, la Corte Suprema declaró la nulidad de acciones de la Aduana por exigencias de la importación de los aviones ingresados por San Antonio y ratificó la existencia de inmunidad aduanera para las provincias. Un año después, la Comisión de Transacciones -que integran funcionarios del Ejecutivo y legislativos- ratificó un acuerdo extrajudicial por una demanda de la firma australiana RCT, que reclamó la cancelación de una operación por dos Metro III de febrero de 1993 por un contrato de leasing de 5,2 millones de dólares. La provincia suspendió el pago ante la demora en la entrega de la segunda aeronave. El juicio concluyó con el compromiso de pago de Río Negro por casi 6,5 millones de pesos, cancelados en bonos.

SAPSE operó entre enero de 1990 y abril de 1997. La liquidación comenzó en noviembre de 1997 y, simultáneamente, se cumplió su privatización a través de Sapsa. Esta sociedad comenzó sus servicios en diciembre del '98 y canceló sus operaciones a fines de 2002. La intervención está a cargo de Ana María Araya, quien reemplazó hace dos años al economista Roberto Rapazzo Cesio.

En el 2001, el Tribunal de Cuentas ya advertía de la demora en la liquidación y alertó que "no hay definición del importante patrimonio en desuso", como las "aeronaves y otros elementos". Año a año, ese órgano siguió con iguales inofensivas "observaciones" y "recomendaciones".

En el 2006, el Tribunal de Cuentas requirió que se remita cuando se concluya el "informe de inventario y avalúo de los bienes de la empresa". Ese año, Savini reconocía a la prensa que se había contratado a técnicos para el relevamiento de los bienes. Sus resultados aún se desconocen. En esa ocasión, el funcionario también resaltaba "el acondicionamiento del hangar en el aeropuerto de Viedma, reparando totalmente el sistema eléctrico y las medidas de seguridad"

En esa resolución Nª 36/2006, el Tribunal expresa que "no se recibió la información requerida en relación a la situación de la tramitación por la propiedad de los aviones". Igual observación repite el organismo en la última auditoria -Resolución Nª 39/2007- en la búsqueda de precisiones por la propiedad de las aeronaves. Fuentes gubernamentales aseguran complicaciones en algunos Metro III porque no tendrían la matrícula que extiende la Dirección Nacional de Aeronáutica.

ADRIÁN PECOLLO

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