NEUQUÉN (AN).- El gobierno de Jorge Sapag dio ayer un paso importante en la búsqueda de transparencia en el proceso de selección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante el dictado de un decreto de autolimitación que es casi un calco del que dispuso el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 para la renovación de la Corte Suprema.

En la cúpula judicial hay dos vacantes que se produjeron por las jubilaciones de Jorge Sommariva y Roberto Fernández; ambos renunciaron para evitar el juicio político que avanza en la Legislatura contra ellos y contra Eduardo Badano, que por ahora no les siguió los pasos porque no está en condiciones legales de acogerse a la jubilación.

La sala acusadora ya fue sorteada en la Legislatura y se propone dar los primeros pasos para investigar a Badano.

Desde sectores políticos y sociales de la provincia se viene reclamando que el proceso de selección de los nuevo vocales del TSJ se abriera para que participara la opinión pública.

Los cinco vocales que hasta hace unos días integraban el Tribunal (de los que quedaron en funciones Ricardo Kohon, Felipe Cía y el mencionado Badano) fueron designados por el ex gobernador Jorge Sobisch en un proceso que tuvo poco de transparente porque estuvo signado por la cámara oculta en la que el mandatario aparecía ofreciendo dinero a cambio de que la Legislatura nombrara a sus candidatos.

La solicitud de transparencia tuvo eco en el gobierno provincia, que imitó la actitud que tuvo Kirchner cuando se renovó la Corte Suprema de la Nación en 2003.

El decreto de autolimitación tiene considerandos muy similares a los aquella norma nacional y la misma cantidad de artículos, 11, que determinan cómo será el proceso.

En la norma que dictó Sapag no hay, no obstante, la referencia a la diversidad de género que incorporó el ex presidente.

El decreto, firmado la noche del viernes y que recién mañana tendrá número propio, habla de "lograr mayores niveles de transparencia, participación y conciencia ciudadana, en el procedimiento de selecciones de los miembros del TSJ, fiscal y defensor del alto tribunal de Neuquén".

La Constitución le otorga al gobernador la facultad de elevar a la Legislatura una terna para que los diputados

selecciones uno.

La autolimitación decretada por Sapag permitirá, de acuerdo al artículo 4, que "los ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, se encuentran habilitados, durante el plazo de 10 días contados a partir de la última publicación en el Boletín Oficial (donde se dará a conocer el nombre de los miembros propuestos por el Ejecutivo) para presentar ante el ministerio de Justicia Trabajo y Seguridad, por escrito, claramente fundado y debidamente documentado, las consideraciones y/o impugnaciones que estimen correspondientes a las nominaciones realizadas, y que pudieran contrariar o deberían ser tenidas en cuenta al momento de la selección de los nominados".

Una vez vencido el plazo el Ejecutivo pasará a disponer la elevación a la Legislatura de la carpeta de la persona sugerida para integrar el TSJ o desistirá de proponerla.