Esta semana Sapag decidió ponerse al frente de una campaña para llevar a la población un crudo diagnóstico sobre lo que definió como la grave crisis coyuntural de las finanzas públicas heredada de la anterior gestión.

Como si deseara subrayar con su presencia la gravedad del cuadro de situación, Sapag habló en vísperas del primer paro que debió enfrentar su gestión -la contundente huelga que realizó el miércoles el gremio docente- y en su mensaje, un tanto denso para el común de los mortales por la profusión de cifras y cuadros, aprovechó para mandar también un mensaje político a los gremios estatales y al resto de la sociedad: les pidió "el máximo de comprensión" para afrontar la difícil hora actual.

En Chos Malal, y contradiciendo su tradicional sobriedad, el mandatario provincial fue más lejos de lo que había ido hasta ahora y, respondiendo a las críticas que se le formulan desde la prensa y la oposición, endilgó por primera vez a la administración que lo precedió la culpa del actual estado de cosas. "Quién es sino el gobierno anterior el responsable de haber dejado deudas sin pagar", deslizó.

En círculos oficiales confiesan que es imposible sostener las aspiraciones de los docentes -que esta semana harán un nuevo paro, casi seguro por 48 horas-, porque detrás vendrán los estatales, la policía y los municipios, y el resultado será una masa enorme de recursos que el gobierno no está en posibilidades de sostener, sin caer a mediano plazo en un cuadro como el que le tocó protagonizar a Felipe Sapag en el '96, cuando les bajó el sueldo a los empleados públicos.

Sin embargo, aunque el gobernador parece no darse cuenta, al endurecer su postura de cara a los planteos salariales en cierta medida pone en riesgo la mentada "paz social", que trabajosamente ha venido edificando desde que asumió.

Con todo, en el gobierno advierten que la mesa de negociación seguirá tendida y no descartan alguna salida escalonada para el aumento de salarios que, sin conformar totalmente a la dirigencia gremial, no la deje al menos con las manos vacías.

Aunque en su discurso del martes Sapag sostuvo que se propone aumentar los recursos a corto plazo mediante el incremento de la renta petrolera, el radical Horacio Quiroga salió al cruce para advertir que si bien el gobernador "tuvo un acto de sinceridad" al dar a conocer los números del desastre, es necesario que ahora diga "cómo se va a salir de esta situación que es desesperante".

En realidad, el oscuro diagnóstico trazado por el gobernador -tanto como su tardía y parcial asignación de responsabilidades- llega un tanto a destiempo. Tal vez debería haber sido más explícito de entrada, y también más cuidadoso de suscitar expectativas que hoy se ven desbordadas por los acontecimientos.

Además, y a pesar de la importancia que reviste el hecho de que Sapag se tome por primera vez el trabajo de señalar a los culpables del actual estado de cosas, no se puede menos que decir que las sospechas generalizadas van mucho más allá de sus imputaciones, porque apuntan no ya a la mala administración, sino a la presunción fundada de que durante el último gobierno existió una desenfrenada -y desenfadada- corrupción.

Ayudaría mucho a que la sociedad se hiciera cargo de la grave coyuntura actual, la voluntad expresa del actual gobierno de investigar asuntos tan oscuros como los casos Temux y Damovo, la campaña presidencial del ex gobernador, los créditos millonarios del Iadep a los amigos del poder, o los gastos poco claros de entes tan opulentos y dispendiosos como Neuquentur, para poner sólo algunos ejemplos a mano.

Por lo pronto, Sapag toma algunas medidas que buscan distanciarlo de la discrecionalidad de su antecesor. Ayer se conoció el decreto por el cual da marcha atrás en la compra de la quiebra de TAN, la decisión excluye el resarcimiento a los antiguos empleados de la empresa estatal, pero desiste de la compra de las acciones de la firma quebrada. Al parecer, el gobierno tiene pensado llamar a licitación en mayo para crear la nueva línea aérea regional que prometió en la campaña.

Si las cosas parecen complicadas en el frente económico, la evolución es más favorable al gobierno en el plano de la renovación judicial. Tal como se esperaba, otro de los vocales del Tribunal Superior de Justicia llevados a juicio político, Jorge Sommariva, optó por renunciar para evitar el enjuiciamiento. Probablemente con el propósito de colocarse en el papel de víctima, Sommariva había protagonizado un insólito intento de recusar a media Legislatura, pero a medida que la cuenta regresiva avanzaba optó por seguir los pasos de su antiguo par, Roberto Fernández, y acogerse a la privilegiada jubilación que le otorga el Estado. Dijo que en la semana saldrá a explicitar sus motivos, pero nada que haga o diga podrá hacer olvidar que fue uno de los hombres que hundieron a la Justicia neuquina.

La duda que los observadores políticos mantenían hacia el fin de semana es si Eduardo Badano, el único vocal que continúa enjuiciado y que por edad no cuenta con la ventaja de poder jubilarse, optará finalmente por dar un paso al costado o se someterá al proceso de investigación en curso, teniendo en cuenta que si no logra salir airoso, seguramente será inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Mientras el juicio se cocina en su propia salsa, el gobernador mandó un mensaje importante para la depuración del Poder Judicial. Ayer se conoció el decreto de autolimitación de su potestad para designar a los candidatos. Remedando la acertada decisión de Néstor Kirchner sobre los postulantes a la Corte Suprema, Sapag dictó un decreto que transparentará la designación, al someter a los futuros candidatos al escrutinio de organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, y entidades académicas y de derechos humanos. Lo opuesto a lo que hizo su antecesor.

Aunque desde el gobierno advierten que no existen nombres en danza para reemplazar a los vocales renunciantes, en ámbitos políticos se maneja una serie, entre ellos los de los diputados nacionales Hugo Prieto (UCR) y Oscar Massei (FpV), la jueza civil Julia Buisson de Baggio, el diputado provincial Macelo Inaudi, el abogado rionegrino Oscar Pandolfi, el juez federal Guillermo Labate y el ex diputado radical Rodolfo Quezada. Y hay más.

HÉCTOR MAURIÑO

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