El Ministerio de Gobierno rionegrino inició un expediente en el marco de la ley de ética pública para analizar la actuación del director del Establecimiento de Ejecución Penal de General Roca, Héctor Almirón, vinculada a la salida de uno de los imputados del asesinato de la bioquímica Ana Zerdán.

Según la agencia ADN, la medida se resolvió en virtud que Almirón no es personal de carrera del Servicio Penitenciario provincial, sino funcionario público nombrado por decreto, por lo cual no corresponde iniciarle un sumario.

El abogado neuquino Marcelo Hertzriken Velasco, defensor Almirón relató que su defendido "ha efectuado hoy un descargo escrito y verbal contundente y clarísimo; no reconocemos absolutamente nada de las cosas que se están imputando públicamente".

Destacó la trayectoria de Almirón en el Servicio Penitenciario Federal, durante 30 años y aseguró que "no tiene necesidad de frenar esa caldera que significan 310 internos en General Roca", a la vez que remarcó que está en el cargo desde hace sólo cuatro meses.

Un desperdicio

"Sería un desperdicio perder a una persona de compromiso como él", enfatizó Hertzriken Velasco, quien destacó de aquel que "está poniendo mano dura con el personal penitenciario que se excede. Sería una picardía si se pierde a Almirón en este fragor", agregó..

Por su parte, Almirón dijo ayer a ADN que había orden judicial para efectuar el traslado de Juan Manuel Taboada Aguirre y rescató su interés de "trabajar dentro de la unidad y tener preocupación por trabajar para quienes están adentro, más de 310, que estén tranquilos y no tener motines".

Reconoció que el penal de General Roca "dio bastante que hablar durante muchos años y hasta ahora, con un grupo de colaboradores, estamos trabajando mucho y eso es lo único que interesa" (ADN).