VIEDMA (AV)- Crece el interés de diversos partidos y dirigentes políticos por regular la distribución de la publicidad oficial en Río Negro. Ayer tomó estado parlamentario un nuevo proyecto de ley que establece pautas al respecto; en este caso, de autoría de los legisladores justicialistas Carlos Peralta, Pedro Pesatti, Silvia Horne y Martín Soria. La iniciativa se sumará a los dos ya elaboradas a principios de marzo de 2007 por el legislador Fabián Gatti y por la Defensora del Pueblo Ana Piccinini y al que recientemente terminó de redactar la legisladora del ARI, Magdalena Odarda, que será presentado la semana próxima en público y ante la Legislatura.

El secretario de Medios de la Provincia, Claudio Mozzoni, confirmó además que el Ejecutivo ultima los detalles de un proyecto propio en el que consensuarán artículos con entidades intermedias. Dijo que se basa en un trabajo de la ong Alternativa Popular.

"La distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial debe ser entendida como una violación a los derechos humanos", consigna en sus fundamentos el proyecto de los diputados del Frente para la Victoria. Luego cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el amparo en que resolvió a favor de Editorial Río Negro y en contra del Gobierno de la Provincia de Neuquén. En especial, citó los párrafos referidos a que el reparto "de la publicidad estatal puede ser utilizado como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión obstruyendo este derecho de manera indirecta".

Sostienen que la difusión de los actos públicos del gobierno "debe ser un vínculo entre el Estado y la ciudadanía y no puede ser un mecanismo concebido al sostenimiento económico de personas o empresas".

En su aspecto resolutivo el proyecto establece la diferenciación entre la publicidad de los actos de gobierno, la publicidad institucional y la de bienes y servicios de entidades e instituciones públicas. "La adjudicación de la publicidad oficial se regirá por los principios de interés general, veracidad, libre acceso a la información, transparencia, razonabilidad, acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión, austeridad en la administración del gasto público y publicidad de los actos de gobierno", manifiestan los legisladores en el artículo cuarto.

Proponen la creación del Registro Provincial de Medios de Comunicación, que incluirá a canales de televisión, portales digitales, medios gráficos y radios. El listado será público, lo mismo que las asignaciones publicitarias para cada uno de los medios.

Para poder contratar publicidad oficial, los medios que deberán estar inscriptos en el RPM tendrán que presentar declaración jurada de tiraje o visitas, grillas de programación y cuadros tarifarios. El proyecto además establece pautas para la contratación de avisos de los entes descentralizados y organismos autárquicos del Estado provincial.

Prevé la obligación de denunciar todo hecho, omisión u acto que encuadre en lo contemplado por la Convención Interamericana contra la Corrupción, y establece la responsabilidad funcional de los responsables de contratar pautas publicitarias. En este sentido, contempla que quienes violen las disposiciones de la ley deberán responder personalmente por los daños y perjuicios que ocasionen al Estado con una multa equivalente al valor de la pauta publicitaria indebidamente contratada. Prohibe que la publicidad incluya mensajes discriminatorios.