Viernes 18 de Abril de 2008 Edicion impresa pag. 08 > Regionales
Sejun presentó un proyecto para que el gobernador se autolimite

NEUQUÉN (AN).- El gremio judicial (Sejun) presentó ayer su propuesta para que el gobernador Jorge Sapag autolimite sus facultades para designar las ternas de los próximos candidatos a vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Entre otras alternativas, habilita la posibilidad de "postulaciones populares" de candidatos a cubrir las vacantes producto de la crisis del Poder Judicial, e impulsa que haya mujeres entre los vocales.

Los judiciales, una de las organizaciones impulsoras de los juicios políticos contra miembros de TSJ, se entrevistaron ayer por la mañana con el ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Jorge Tobares, quien recibió una copia del texto.

En los hechos, el documento ofrece una interpretación más amplia del artículo 239 de la Constitución, que refiere la forma en que el gobernador enviará a la Legislatura las ternas de candidatos que propone para ocupar el tribunal.

Sejun habla de "abandonar la insostenible interpretación dominante acerca de la extrema amplitud de las facultades del Poder Ejecutivo y la Honorable Legislatura" para las designaciones.

Por el contrario, promueve que cualquier persona individual u organismo civil proponga al gobernador sus candidatos para el TSJ. Se habilitaría una convocatoria de 30 días para las presentaciones.

Luego la última palabra seguiría en manos del Ejecutivo, que emitiría una opinión fundada de por qué acepta o no a los candidatos, o en caso contrario, ofrecería otros, consignando sus antecedentes. En cualquiera de los casos habría una etapa de opinión de la ciudadanía.

Recién después, fundamentando su elección, el gobernador mandaría sus candidatos a la Legislatura.

El proyecto establece una serie de requisitos para los próximos vocales del TSJ. No deberían haber ocupado cargos políticos, espacios de gobierno, ni estar vinculados a quienes los ocupen. Entre las causales para quedar fuera de carrera figuran haber participado en la dictadura militar. Deberá acreditar "un piso mínimo imprescindible de idoneidad técnica y trayectoria profesional académica".

Es la segunda propuesta en igual sentido. La otra pertenece a diputados de la Concertación.

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