El juicio político a dos de los cinco vocales del desprestigiado Tribunal Superior de Justicia -en realidad a tres, pero uno ya desertó- es un hecho inédito en Neuquén, no sólo porque nunca había ocurrido nada similar, sino porque seguramente muchos no creyeron que el oficialismo podía ir tan lejos, hundir el bisturí en un resorte del poder que, en definitiva, siempre estuvo en alguna medida bajo su ala.

En todo caso, el hecho de que el partido provincial avance por primera vez sobre un aspecto tan delicado para el sostenimiento del esquema de poder, habla por sí mismo de la gravedad de la coyuntura por que atraviesa la fuerza que gobierna desde hace 45 años la provincia.

Así vistas las cosas, la decisión de enjuiciar o apartar al menos a tres de los miembros del tribunal es probablemente más de lo que este gobierno, de "cambio" pero del MPN al fin, estaba dispuesto a hacer en un principio. Pero seguramente es también menos de lo que la sociedad esperaba que se hiciera para saldar una de las principales deudas de su antecesor: un Estado sin Justicia.

En efecto: ni la cantidad de miembros llevados a juicio ni las causales que finalmente se les imputaron, agotan los graves cuestionamientos pendientes sobre el cuerpo, cuyos integrantes fueron designados por Jorge Sobisch en un proceso sin transparencia, con el propósito de asegurar -según confesó en la célebre "cámara oculta"- su propia impunidad.

El actual gobierno, impulsor de esta purga limitada, ha perdido una oportunidad histórica para ir hasta el fondo de la cuestión, proporcionándole a la sociedad una renovación más profunda y completa del Poder Judicial, tal vez el estamento del Estado más importante para la democracia.

El argumento para sostener esta ofensiva acotada nunca se ha hecho público, pero en los despachos oficiales se ha explicado por lo bajo que fue para impedir las consecuencias imprevisibles del total descabezamiento de un poder del Estado.

Sin embargo, hay motivos para pensar que el gobierno, consciente del desprestigio que aqueja a la Justicia, hubiera preferido inclusive un expediente más benigno. Acaso un prudente paso al costado de todos los vocales, como la súbita jubilación de Fernández. Después de todo, algunos de los que administraron hasta el 10 de diciembre pasado pertenecen al mismo partido que gobierna, y podrían no salir indemnes del juicio.

Pero los jueces cuestionados se atornillaron a sus sillones hasta último momento y -con excepción de Fernández- se resistieron a abandonar el barco, obligando al gobierno a bajarles abiertamente el pulgar.

Como quiera que sea, en las actuales circunstancias sólo queda esperar que tanto el oficialismo como la oposición lleven la investigación hasta las últimas consecuencias, para que el peso de una sanción ejemplificadora recaiga sobre los responsables. Única manera de que las cosas comiencen a cambiar en serio en el Poder Judicial.

Conviene, además, que el gobierno tenga en claro de antemano que el paso siguiente en este proceso es establecer una fórmula transparente para la elección de los reemplazantes. La oposición acaba de presentar un proyecto de ley para asegurar que ciudadanos, instituciones y asociaciones civiles puedan expresar su opinión en ese proceso. Es de esperar que esa u otra fórmula similar, que en los hechos implique una autolimitación del Poder Ejecutivo, termine por imponerse.

En todo caso, sólo con una nueva mayoría realmente independiente será posible depurar los estamentos intermedios del Poder Judicial, devastados por un proyecto perverso, que arrasó con estructuras tan necesarias como la fiscalía anticorrupción, y puso en jaque a otras que cumplen una labor esencial, como la Defensoría del Niño y el Adolescente.

Si para algo sirve cambiar la Justicia heredada de Sobisch es para terminar con la impunidad. Y eso significa, entre otras cosas, llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de flagrantes hechos de corrupción como el caso Temux y la fastuosa campaña presidencial del ex gobernador, y esclarecer crímenes con responsables políticos e ideológicos impunes como el de Fuentealba.

En ese propósito, no alcanza con decir que dejaron al Estado en bancarrota o expresar dolor por la muerte del maestro, es imprescindible asignar las responsabilidades y señalar a los verdugos, empezando por los que dieron las órdenes.

Al no asumir esta responsabilidad, el actual gobierno sienta las bases para que los estragos se repitan. Pero además, comete un grave error político: si no logra dar vuelta la página de la historia, ésta volverá a entrar nuevamente por la ventana poniéndolo entre sus víctimas.

Por lo pronto, esta semana el combativo gremio docente lanzó la primera huelga que deberá sobrellevar este gobierno. Lo hizo en medio de una etapa de diálogo que comenzó junto con la gestión y que resulta saludable luego de un gobierno que hacía de la confrontación la principal moneda de cambio.

Sapag acaba de mandar el nuevo presupuesto a la Legislatura y se empeña en subrayar el fuerte déficit -400 millones de pesos- que deberá enfrentar este año. En ese contexto ha dejado en claro que un aumento como el que persiguen docentes y estatales no es posible. Inclusive, ha omitido incluir en los cálculos para este año cualquier alza salarial. Una señal muy fuerte, teniendo en cuenta el creciente proceso inflacionario y la admisión casi unánime de que los sueldos estatales -no tanto los docentes- están ostensiblemente retrasados.

Tal vez la solución que permita sostener la "paz social", impulsada por las autoridades, esté a mitad de camino entre las excesivas pretensiones gremiales y la cerrada postura del gobierno. Después de todo, si existen expectativas reales de aumentar la renta petrolera -en el gobierno hablan de un nuevo horizonte para la segunda mitad del año- por qué no auspiciar una salida escalonada para los salarios.

Pero, justamente, en la búsqueda de una tregua, el gobierno debe asignar las responsabilidades respecto del pasado. La tibieza actual pone vallas al respaldo que necesita para una política de austeridad. Si las cuentas públicas están exangües y el sacrificio resulta inevitable hay que explicar quién, cómo y por qué llevó al Estado a esta postración. Además, es el primer paso para que una nueva Justicia castigue a los responsables.

HÉCTOR MAURIÑO

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