BUENOS AIRES- La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto para penalizar la trata de personas, la esclavitud laboral y sexual y establece penas de entre 3 y 15 años de prisión para acusados por ese delito y otorga derechos y garantías para las víctimas. El proyecto, que tenía media sanción del Senado, tipifica como delito federal la trata de personas y abarca el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la esclavitud sexual, la paidofilia, la apropiación de trabajadores en condiciones infrahumanas y otras formas de sometimiento servil.

Establece que existe explotación cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud, se obligue a realizar trabajos forzados; se promueva cualquier forma de comercio sexual o se practique extracción ilícita de órganos. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en general por 157 votos contra 35 y 6 abstenciones.

A través de la iniciativa, se propone que aún cuando existiese consentimiento de la víctima en el caso de las mayores de 18 años se considera delito y establece penas de 3 a 6 años para ello, mientras que en casos que involucren a menores, los castigos serán de entre 4 y 10 años de prisión. La intención de la norma es aumentar la mínima para que no sea fácilmente excarcelable. El proyecto fija penas de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia o amenazas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

Al defender la iniciativa, la titular de la comisión de Legislación Penal, Nora César, sostuvo que la norma se enmarca en la política de derechos humanos del gobierno nacional "con medidas concretas" y destacó que la ley busca lograr el marco legal para combatir la trata como delito.

"El consentimiento de la víctima no es tenido en cuenta en ningún caso, ni para mayores ni para menores si mediare engaño, fuerza o amenaza, o cualquier otro medio de intimidación", explicó César, para rechazar los argumentos en este sentido planteado por algunas legisladoras de la oposición.

Por su parte, la diputada de Encuentro Popular y Social, Vilma Ibarra, sostuvo que con esta iniciativa "se federaliza el delito, se amplía la explotación a la explotación laboral, para la extracción ilícita de órganos" y recordó que el texto fue aprobado en el Senado por unanimidad y con apoyo de jueces y especialistas. (Télam)