BUENOS AIRES (ABA).- A raíz de la sanción administrativa del Poder Judicial de la Nación que le exigió devolver 514.000 pesos al camarista federal de General Roca Arturo Pérez Petit, el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó ayer una resolución mediante la cual todos los jueces nacionales y federales de la Nación serán sometidos a una investigación para determinar si alguno de ellos está cobrando una remuneración superior a la que le corresponde, o incluso si perciben jubilación y suplemento por antigüedad simultáneamente.

Para esto, la diputada nacional Diana Conti, una de las impulsoras de la medida, propuso entrecruzar datos entre la Anses, las cajas provinciales y otros organismos a fin de corroborar si hay situaciones irregulares. El plenario del Consejo estuvo de acuerdo con esto, por lo que la propuesta será redactada y presentada para su votación dentro de 15 días.

Se sospecha que el caso del camarista de Río Negro no sería una excepción, sino que habría varios jueces en la misma situación. A efectos de esto último, la resolución aprobada ayer recuerda a todos los magistrados y funcionarios "la absoluta vigencia de la resolución 2.382/1997, que dispone que quienes ingresan al Poder Judicial de la Nación y cuentan con un haber jubilatorio, deben optar por cobrar el haber previsional o el suplemento por antigüedad". Ante la duda de estar involuntariamente en una situación irregular, "todo funcionario judicial debe hacer saber la situación a la administración del Poder Judicial".

Por otra parte, la situación particular de Pérez Petit se tornó más compleja. El juez no sólo deberá cumplir con la sanción sino que además será investigado, tal como adelantó "Río Negro" dos semanas atrás. El Consejo de la Magistratura determinará ahora si además de restituir el dinero "el magistrado no es pasible de alguna sanción penal". La medida fue adoptada por unanimidad en respaldo de una propuesta formulada por los diputados nacionales Diana Conti y Marcelo Aguad.

A su vez, a Pérez Petit le fue denegado un pedido de licencia de 35 días sin goce de haberes para viajar al exterior a acompañar a familiares directos. La Comisión de Disciplina fundamentó su negativa en que Pérez Petit debe estar en el país si se lo requiere para pedir explicaciones por su irregular situación.

La doble percepción -jubilación y antigüedad- está expresamente vedada desde 1997 por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Consejo sostuvo que "los magistrados y funcionarios que amparándose en el complejo burocrático y la excesiva cantidad de resoluciones perciben remuneraciones que exceden lo que les corresponde por ley, comenten una falta al deber que tienen para con la sociedad".