El gobierno aceptó la renuncia de la jueza de Casación Penal Ana María Capolupo, que fue denunciada por demoras en las causas de derechos humanos, pero sigue adelante el juicio político al ex presidente de ese tribunal Alfredo Bisordi, cuyo pedido de retiro para jubilarse fue ignorado.

El Boletín Oficial publicó ayer el decreto mediante el cual la presidenta aceptó la renuncia que hace una semana presentó Capolupo, motivada en razones de problemas de salud y la voluntad de jubilarse. Los jueces de Casación fueron denunciados por el Gobierno de demorar los juicios a militares acusados de delitos de lesa humanidad.