La democracia no consiste sólo en un mecanismo para la elección de autoridades. Es también un modo de regular la relación permanente entre los ciudadanos y el gobierno. Para mediar en esa relación permanente, que perdura después de las elecciones, existe una red de instituciones que se utiliza para agrupar y dar voz a distintas y variadas agrupaciones de intereses.

En las modernas y complejas sociedades contemporáneas, las instituciones juegan un rol sustancial para canalizar los conflictos económicos y sociales. La existencia de éstos es inevitable, puesto que son la expresión del choque de intereses contrapuestos. Cuando los canales institucionales están obturados, los conflictos estallan y los intereses se manifiestan de modo desordenado.

El fenómeno del "piqueterismo" en la Argentina puede ser visto como el resultado y contracara de la obturación de los canales institucionales tradicionales. En sus orígenes fue el grito destemplado de los que habían quedado sin empleo ni recursos. Las redes institucionales de protección social que funcionan en las democracias avanzadas, como el seguro de desempleo, no operaban en nuestro país. En consecuencia, la ocupación del espacio público para demandar ayuda social se convirtió en un método legitimado por la intensidad dramática del reclamo formulado.

La expansión y consolidación del corte de calles y carreteras derivó, con el paso del tiempo, en un recurso utilizado espuriamente por burocracias de punteros y mediadores sociales para consolidar su influencia sobre clientelas políticas. Perdió legitimidad social y se incorporó como una nueva herramienta del accionar de grupos políticos electoralmente irrelevantes, que conseguían así una expresión mediática de mayor alcance.

La utilización de esta metodología alcanzó niveles surrealistas cuando fue incorporada al arsenal de grupos fundamentalistas "ambientalistas" que pretendían, con el corte de puentes internacionales, condicionar las inversiones industriales del gobierno de un país vecino. Probablemente sea el único caso que registra la historia en el que las relaciones exteriores entre dos Estados quedaron a merced de las decisiones asamblearias del reducido grupo de los vecinos de un pueblo.

Por consiguiente, no puede sorprender que en el reciente paro agropecuario, cansados y trasquilados productores, hayan imitado la singular metodología "made in Argentina" y atravesaran sus tractores en las carreteras para llamar la atención del gobierno. Se trata del uso de una metodología inaceptable que, como tardíamente comprendió la presidenta -citando en un discurso al periodista Zaiat-, de generalizarse, por "los concesionarios de los peajes" o los "distribuidores de gas y de energía" podía desembocar en la paralización absoluta de actividades.

El error del gobierno de CFK es no haber relacionado los cortes provocados por los "piquetes de la abundancia" con los bloqueos anteriores de ambientalistas, marginados sociales y tutti quanti para hacer verdadera pedagogía democrática y reclamar el cese definitivo de estas formas extorsivas de reclamo. Al mismo tiempo, asumir la cuota de responsabilidad que le cabe al gobierno por consentir y en ocasiones estimular esta forma heterodoxa de protesta.

La otra reflexión profunda, que de no hacerse nos instalará raudamente en escenarios similares, es la necesidad de promover con urgencia la reforma política e institucional tantas veces anunciada pero jamás implementada. El sistema presidencialista argentino, que de por sí deposita una enorme suma de poder en manos del primer mandatario, ha sido reforzado hasta el paroxismo por un sistema clientelar de vastas proporciones, basado en el uso discrecional de fondos no coparticipables, en el que las retenciones a las exportaciones constituyen la nutriente fundamental.

El sistema de hiperpresidencialismo clientelar actual ha destruido todos los sistemas de contención y equilibrio de poder (cheks and balances) consustanciales con la democracia. El Congreso, el sistema federal de reparto de competencias y coparticipación de fondos, la labor de los partidos políticos y hasta el rol de los jueces, todo ha quedado anulado por un sistema informal de poder basado en el uso arbitrario de los recursos presupuestarios del Estado.

Al quedar obturados los resortes constitucionales que depositan en las Cámaras el poder y la capacidad para fijar la estructura tributaria del Estado y el nivel de la presión impositiva, se crean las condiciones para que la protesta de los afectados, con independencia de la razón que les asista, estalle desordenadamente. Es indudable que todos los conflictos de intereses, cuando se desbordan, adquieren dimensión política. Ahora bien. Atribuir a la protesta del agro una intencionalidad golpista, más que fruto de un error paranoico es consecuencia de una ceguera política profunda, una enfermedad que se ha hecho endémica en la clase dirigente argentina.

ALEARDO F. LARÍA

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado y periodista. Madrid