Los jueces Carlos Rozanski y Daniel Rafecas, quienes tienen a su cargo investigaciones por los crímenes cometidos en la última dictadura, coincidieron ayer en decir que el Estado no debe dar "concesiones" a represores a cambio de información sobre el destino de los desaparecidos.

Los magistrados participaron de un panel que debatió "El rol del Estado ante violaciones masivas a los derechos humanos", que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue organizado por la Unión Estudiantil Judeo Argentina y la Asociación de Abogados Judíos.

Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal que condenó por genocidio al comisario Miguel Etchecolatz y al capellán Christian von Wernich, aseguró que otorgar beneficios a represores a cambio de datos significa "impunidad".

"El esclarecimiento de una causa tiene cuatro patas: verdad, justicia, memoria y reparación. Si falta una de ellas hay impunidad", afirmó Rozanski ante una pregunta del público que asistió a la charla.

Rafecas, por su parte, coincidió con su colega aunque dejó abierta la posibilidad de dar "alguna concesión" a quienes tuvieron una participación poco relevante en los delitos investigados, como ser "los choferes" de los autos utilizados para secuestrar opositores durante la dictadura.

El juez federal, que investiga los crímenes perpetrados bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército Argentino, desestimó, sin embargo, que un beneficio similar pudiera aplicarse a los represores.

En su intervención, Rozanski opinó que el Poder Judicial "no cuenta con la infraestructura necesaria" para afrontar procesos tan extensos como los abiertos contra militares.

El magistrado observó, en especial, que "no hay preparación" para los testigos, quienes son citados a declarar en diferentes causas que muchas veces involucran a los mismos actores, una situación que provoca un "desgaste psicológico".

(DyN)