NEUQUÉN (AN).- La del miércoles será una sesión histórica en la Legislatura porque será el momento de definir contra quién se avanzará en los cinco pedidos de enjuiciamiento que pesan sobre vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Pero a dos días del encuentro en la Cámara y tras una semana de reuniones entre diputados y otros actores de la Justicia, dentro y fuera de la formalidad de la Legislatura, no quedó claro cómo se resolverán las recusaciones de los integrantes de las salas acusadora y juzgadora ni tampoco la subrogancia para ocupar la presidencia de esta última sala.

Desde el gremio de los judiciales (Sejun), tras cuatro meses de debates, no confían en que el miércoles no se produzcan sorpresas, como por ejemplo, que se eliminen causales o que no se avance contra los cinco vocales. "Vamos a ir para verle las caras: que por ejemplo nos digan si está bien que se cobre un extra por hacer lo que les obliga la Constitución", dijo Edgardo Cherbavaz, secretario general de Sejun. "Si hacen caer causales, que digan por qué. Porque está claro que el MPN va por tres y el resto va por cinco", agregó el dirigente respecto de Eduardo Badano, Jorge Sommariva, Felipe Cía, Roberto Fernández y Ricardo Kohon, vocales del TSJ.

En diciembre del año pasado, Sejun presentó el primer pedido de juicio político. Badano, Cía y Sommariva fueron los primeros tres vocales cuestionados, en ese caso, por el cobro de un plus salarial por haber integrado la Junta Electoral, una tarea que la Constitución define como parte de sus funciones.

Para Sejun, el debate excede la definición de cuáles serán los vocales que serán sometidos a juicio. "Acá la discusión es quienes serán los que entren. El gobernador se tiene que autolimitar en sus facultades para poder ser transparente y creíble", expresó Cherbavaz respecto de los eventuales reemplazos de los magistrados.

En febrero, Sejun y el sindicato de los docentes neuquinos (ATEN) presentaron un nuevo pedido, esta vez contra el vocal Badano. El desplazamiento del juez de Cámara Héctor Rimaro por una licencia de 30 días a partir de un certificado médico, fue el argumento. Según ATEN, el certificado tuvo el objetivo de evitar que el gremio fuera aceptado como querellante en la causa conocida como Fuentealba II.

La semana pasada, en plenario de comisiones legislativas, se dictaron tres despachos que dieron por terminado el debate previo y recomendaron el sorteo de las salas, por lo que el proceso debería iniciarse.