Ya que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha autoproclamado paladín de la sinceridad -para diferenciarse de políticos menos honestos nos recordó que en el transcurso de su campaña proselitista el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, negaba tener en mente aumentar los impuestos municipales- debería preocuparle sobremanera la conducta de su propio marido y de otros funcionarios santacruceños frente a los problemas planteados por los fondos provinciales. Según el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, los fondos "están en el Banco Nación desde el viernes" 28 de marzo, pero sus palabras han motivado escepticismo puesto que los voceros del gobierno nos han acostumbrado a oír anuncios similares que más tarde han resultado ser prematuros, para decirlo de la manera más caritativa posible. También afirmó el gobernador que los fondos no tuvieron que pasar por la sucursal del Banco Nación en Nueva York, donde estaban al acecho bonistas que quedaron fuera del canje de la deuda.

El que, conforme a Peralta, en la actualidad los fondos suman 554.202.122 dólares estadounidenses más 91 centavos extrañará a quienes sospechan que merced a las operaciones financieras que suelen emprender los responsables de manejar montos tan abultados, deberían valer mucho más. Las sospechas en tal sentido se justifican, ya que en un esfuerzo vano por convencer al país de que todo estaba en orden, en mayo del año pasado el entonces presidente Kirchner afirmó en público que "los fondos ya están repatriados. Están en el país en títulos y bonos. Los puse a resguardo, aunque los podría haber gastado".

Como no pudo ser de otra manera, políticos opositores están comenzando a pedir explicaciones sinceras. No es para menos. Por los intereses devengados y así por el estilo, los 535 millones de dólares que presuntamente fueron depositados en el exterior en 1993 podrían haberse triplicado o más: "Río Negro" informó hace poco que Kirchner manejó al menos 1.335 millones de dólares sin control y que "un hábil operador podría haber hecho trepar la cifra hasta 3.250 millones de dólares". Como es notorio, desde 1993 los mercados financieros han experimentado períodos de auge excepcional en los que muchos operadores consiguieron acumular fortunas gigantescas. Puede que los encargados de manejar los fondos de Santa Cruz no estuvieran entre los más astutos, pero no podremos saberlo hasta que se difundan todos los detalles sobre los movimientos del dinero. Tarde o temprano la verdad será revelada, pero es evidente que a los vinculados con el asunto, comenzando con el ex presidente Kirchner, no les gustaría que sus compatriotas se enteraran de la evolución de lo que es, lo entiendan o no, un trozo nada despreciable del patrimonio público.

Diputados de la UCR, del PRO y de la Coalición Cívica quieren que el Congreso Nacional forme una comisión bicameral para rastrear la ruta tomada por el dineral santacruceño y averiguar si una parte fue usada para la compra del 15% de YPF por el grupo Eskenazi que está estrechamente relacionado con los Kirchner. Por motivos nada misteriosos, los interesados en el asunto propenden a creer estar frente a un hecho de corrupción en gran escala por entender que es escandaloso que, además de mentir acerca del paradero de los fondos, los responsables de mantenerse al tanto de su evolución no hayan brindado informes regulares a la ciudadanía. También lo es que hasta ahora muy pocos se han permitido inquietarse por una serie de anomalías que en un país "normal" hubieran motivado desde el primer día la intervención del Congreso, de la Justicia y, por supuesto, del Banco Central, pero parecería que tanto la ciudadanía en su conjunto como los relacionados con tales instituciones están acostumbrados a que ciertos gobernantes actúen como si el dinero público formara parte de su propio patrimonio, razón por la que no se sienten constreñidos a rendir cuentas ante nadie. Por lo demás, en vista de la subordinación al "proyecto" kirchnerista, del grueso de los legisladores, sorprendería que una eventual comisión investigadora bicameral sirviera para aclarar un asunto al parecer muy turbio que con toda seguridad motivará incredulidad entre aquellos historiadores futuros que se interesen por las vicisitudes de la Argentina de la primera década del siglo XXI.