BUENOS AIRES.-El juez de garantías 3 de Dolores, otorgó ayer el beneficio de la excarcelación al intendente de Pinamar, Roberto Porretti, quién pese a ello continuará aún detenido hasta tanto se pronuncie al respecto la fiscal María Alejandra Hachmann, informaron fuentes judiciales.
El letrado aclaró que el juez Gastón Giles, titular del juzgado de Garantías Nº 3 de Dolores -el mismo que pidió su detención- fue el que decidió dejarlo libre, debido a que "no se da en el caso de Porretti un peligro de fuga ni quiso entorpecer el accionar de la Justicia".
Porretti, que se encuentra alojado en una comisaría de la ciudad de Dolores, acusado de cohecho agravado y está suspendido en sus funciones por el Concejo Deliberante de Pinamar, deberá esperar sin embargo que la fiscal decida si apela o no la medida del juez para saber si recuperará la libertad.
El abogado defensor Roberto Damboriana informó anoche que "todavía no está firme la decisión de la Justicia" y que estiman que el lunes o martes "estaría en su casa e incluso "estaría en condiciones de reasumir su cargo" ya que aún no hay sentencia firme en el caso.
"Para hacerse efectiva la libertad tiene que quedar firme la determinación", remarcó Damboriana, quien destacó que Porretti "se encuentra aún en la Unidad de General Belgrano donde se encuentra alojado". El abogado volvió a considerar ilegítima la detención, que se realizó "a través de un video que fue editado y que no es una prueba suficiente para que una persona esté detenida".
Las acusaciones
Porretti quedó preso en una celda de la comisaría de la localidad bonaerense de General Belgrano, tras ser buscado intensamente, incluso adentro de baúles de automóviles que transitaban cerca de Pinamar, por un gran operativo policial ordenado tras la orden de detención que se libró el jueves. El intendente fue acusado por los empresarios Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, del complejo bailable Ku-El Alma -al igual que a su secretario de Gobierno, Aldo Leonián- de intentar cobrarles 400.000 pesos para no cerrarles la discoteca.
Según dijeron, de ese dinero 225.000 corresponderían al pago de un canon adeudado por usar espacio público y 175.000 serían para los funcionarios.
Para probarlo, presentaron un video grabado por los empresarios donde se ven tres reuniones, una de ellas en las oficinas municipales en la que está presente Porretti asintiendo con la cabeza cuando Leonián habla de la necesidad del pago.
Ante las denuncias, Porretti quedó acusado del delito de "cohecho agravado", fue suspendido por el Concejo Deliberante, poco después fue arrestado y en su lugar juró el concejal Rafael De Vito, quien ayer juró como jefe comunal interino. (DyN/Télam)