Es sin duda lógico que como resultado del paro agropecuario los costos de los alimentos principales hayan pegado un salto. Si en las semanas próximas bajan, se habrá tratado de un fenómeno pasajero sin connotaciones inflacionarias, pero la verdad es que pocos creen que para alivio del gobierno y de los consumidores los precios vuelvan al mismo nivel que en febrero en cuanto se normalice la oferta. Su escepticismo se debe a la convicción de que la inflación ya ha adquirido tanto ímpetu que si bien los precios en algunos rubros determinados pueden reducirse por motivos estacionales o subir a causa de una medida de fuerza, tales vicisitudes no incidirán en la tendencia general. Según los cálculos de economistas privados, en marzo la tasa minorista habrá estado entre el 3 y el 4%, mientras que la anual se ubica cómodamente por encima del 20% e, incluso, los hay que dicen que se acerca al 30%.

Debido a la decisión oficial de desbaratar el INDEC, es imposible saber la cifra real, pero a esta altura resulta evidente que una vez más nuestra tasa de inflación está entre las más altas del mundo. En América Latina, sólo Venezuela nos rivaliza en esta competencia indeseable. Aunque ciertos economistas insisten en que lo más probable es que la situación se mantenga estable ya que, a su juicio, no hay indicios de que la inflación propenda a acelerar, la experiencia debería habernos enseñado que tarde o temprano se intensificará, con consecuencias devastadoras para todos, salvo los capaces de aprovecharla en beneficio propio. Siempre es tentador procurar convivir con la inflación so pretexto de que combatirla requeriría medidas antipáticas que afectarían al crecimiento y por lo tanto castigarían a los de menos recursos -los que, dicho sea de paso, son los más perjudicados por "el impuesto inflacionario"-, pero sucede que al elegir la opción así supuesta, una larga serie de gobiernos de todos los colores ideológicos condenó a decenas de millones de argentinos a la pobreza.

El gobierno kirchnerista está comprometido con la idea peregrina de que la inflación se debe a la codicia de grupos determinados, de forma que la mejor manera de frenarla consiste en obligarlos a bajar los precios de los bienes o servicios que comercializan, de ahí la hiperactividad y la agresividad del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Sin embargo, por ser cuestión de un mal mucho menos rudimentario de lo que supone el matrimonio presidencial, los esfuerzos de Moreno pronto dejaron de brindar los resultados anticipados. De vez en cuando los representantes de los distribuidores, los supermercados, los almacenes, los emporios chinos y así por el estilo dicen aceptar congelar los precios de cuanto venden, pero los consumidores no tardan en descubrir que la brecha entre los precios oficiales y los que tienen que pagar es tan ancha como la que separa la tasa de inflación difundida por el INDEC de la estimada por las consultoras privadas o la provincia de San Luis.

La inflación es el talón de Aquiles del "modelo" económico cada vez más dirigista que en ocasiones los Kirchner equiparan con la Patria misma, pero por razones políticas se niegan a reconocerlo. Por lo tanto, es de prever que continúen tratando de luchar en vano contra ella con armas inapropiadas, de las cuales las principales son las amenazas de Moreno y la manipulación grotesca de las cifras confeccionadas por el INDEC intervenido, en vez de tomar la clase de medidas que, por desgracia, siempre son necesarias en circunstancias como las actuales. Tal actitud se asemeja a la de un rey danés medieval, Canuto, quien, en un intento de enviar un mensaje a cortesanos demasiado adulones, ordenó que la marea dejara de acercarse a la costa de Inglaterra que formaba parte de sus dominios. Puede que la resistencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su marido a entender que la inflación les plantea un desafío que un día tendrán que enfrentar les haya permitido demorar la hora de la verdad, pero lo han hecho a costa de crear las condiciones para que haya un riesgo de que, bien antes de diciembre del 2011, el gobierno tenga que lidiar con una crisis económica decididamente mayor que la desatada por el conflicto con el campo.